Rebaja del IGV aprobada sin estudio previo podría costarle al Estado S/10,000 millones al año.

La reciente aprobación en el Congreso de la norma que reducirá en dos puntos porcentuales la tasa del Impuesto General a las Ventas (IGV), con el fin de destinar más recursos al Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), ha causado controversia en el ámbito económico. La medida, aceptada por amplia mayoría y sin la presentación de un informe técnico previo, suscita interrogantes sobre su impacto en la salud fiscal del país y en la economía de los ciudadanos.

Actualmente, la tasa del IGV se mantiene en 18%, de la cual dos puntos corresponden a Foncomun y 16 al Tesoro Público. La nueva ley, titulada “Ley que promueve la descentralización fiscal para incentivar el desarrollo de los gobiernos locales”, establece que, a partir del 1 de enero de 2026, la participación del Fondo en el impuesto aumentará a 4%, progresivamente hasta llegar a ese porcentaje en 2029. Este proceso implicará una disminución de la tasa del impuesto para el sector central, que pasará del 18% al 14%, distribuidos en un proceso de incremento anual de 0.5 puntos.

Este cambio, que solo recibió una opinión favorable de la Asociación de Municipalidades del Perú y algunas observaciones por parte de la Presidencia del Consejo de Ministros —sin detalles en el texto de la ley—, no ha sido acompañado de un análisis de impacto económico ni financiero, lo que ha generado inquietudes entre expertos independientes. El ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, expresó su respaldo a la medida, asegurando que no tendrá efectos fiscales adversos. “El 18% se va a seguir cobrando. Eso no va a cambiar, simplemente cómo se reasigna el monto”, afirmó en el foro Peru CEOS & Leaders SUMMIT 2025. Además, razonó que “en términos de asignación presupuestal no tendrá ningún impacto” y que los recursos adicionales serán dirigidos únicamente a inversión pública, no en gasto corriente.

Por otro lado, Pérez Reyes comunicó que también procederán con una modificación en la regla fiscal, aumentando el déficit proyectado de 2.2% a 2.8% del PBI, lo que genera aún más dudas sobre la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.

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Implicancias y críticas

El exministro Waldo Mendoza fue uno de los primeros en cuestionar públicamente la norma, advirtiendo que esta medida podría costarle al Estado alrededor de S/10,000 millones anualmente. “No es desatinado pensar que este proyecto busca ganar popularidad con los alcaldes, pero genera inestabilidad fiscal”, señaló Mendoza, quien consideró que el desempeño económico del país depende en gran medida de la política macroeconómica. Añadió que, si bien la política monetaria está en buenas manos, la fiscalidad presenta serios problemas, y calificó la ley como una de las más nocivas aprobadas en los últimos tiempos.

Los economistas Elmer Cuba y Alberto Arias también expresaron su preocupación, señalando que dicha reducción en la recaudación del IGV obligará al gobierno central a decidir entre reducir gastos en aproximadamente S/10,000 millones —lo cual podría afectar inversiones y crecimiento— o aumentar el endeudamiento, poniendo en riesgo la estabilidad financiera del país. El gerente general del Instituto Peruano de Economía, Carlos Gallardo, sostuvo que, en cualquiera de los escenarios, los costos los terminarán pagando los ciudadanos a través de menores servicios o mayores impuestos indirectos.

El debate sobre esta normativa continúa, mientras la gestión fiscal del país se encuentra en una encrucijada que podría tener implicaciones profundas en los próximos años. La falta de un análisis técnico previo preocupa a quienes temen por la sostenibilidad fiscal y por los efectos en el bienestar de la población.