Pérez advierte al TC: archivar Caso Cócteles podría desatar efectos en casos de corrupción de alto perfil.

El integrante del Equipo Especial para el caso Lava Jato, José Domingo Pérez, advirtió que si el Tribunal Constitucional (TC) falla a favor de Keiko Fujimori y ordena archivar el Caso Cócteles, otros procesos judiciales podrían verse perjudicados. La declaración fue hecha durante la audiencia en la que se evaluó el recurso de habeas corpus presentado por la lideresa de Fuerza Popular (FP) para anular la investigación por la presunta comisión del delito de lavado de activos, ligado a aportes ilícitos en sus campañas provenientes de Odebrecht.

En la sesión, Pérez Gómez recordó que la Corte Suprema ya estableció que los donativos y aportes a partidos provenientes de actividades criminales constituyen lavado de activos. En ese marco, solicitó que el proceso no sea archivado, advirtiendo sobre las posibles consecuencias.

“La decisión que ustedes tomen tendrá injerencia en la sentencia condenatoria de Ollanta Humala, que ya fue condenada. Además, podría influir en procesos penales donde se entregó dinero ilícito, por ejemplo, en el caso de Susana Villarán, a quien Odebrecht habría entregado más de cuatro millones de dólares”, indicó el fiscal.

El magistrado apuntó que existen procesos ya abiertos que podrían verse afectados por una eventual resolución favorable a la defensa de Fujimori. Entre los casos citados figuran las diligencias contra Renovación Popular y, de manera destacada, el prófugo Vladimir Cerrón. Según Pérez, “lo que se está buscando con este habeas corpus es beneficiar a las fuerzas políticas del Congreso”.

Durante la conferencia de prensa posterior a la audiencia, el mismo argumento quedó vigente: “Hay interés de parte de las fuerzas políticas por buscar mecanismos de impunidad. Si el TC señala que en el país se puede recibir dinero de la corrupción para financiar campañas, lamentablemente, los casos se irían al archivo”.

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Giulliana Loza, abogada de Keiko Fujimori, respondió que no es correcto que otros casos emblemáticos se vean afectados. “El caso de Humala no es similar al nuestro; hay marcos distintos de imputaciones y la configuración del lavado de activos difiere”, afirmó. Además, recordó que su patrocinada enfrenta el proceso hace 10 años y que actualmente tiene restricciones como control biométrico mensual y la obligación de reportar sus actividades ante la Fiscalía.

“Creo que la Fiscalía ha intentado desviar la atención con cuestiones periféricas y políticas. Esperamos que el TC analice esta situación de forma adecuada”, añadió Loza. También subrayó que, si el Poder Judicial hubiera ejercido un control de garantía, no habría existido necesidad de acudir al TC. “Permitir que el agravio se mantenga latente y esperar a la condena sería renunciar a los derechos fundamentales”, remató la abogada.