Proyecto de ley: trabajo obligatorio para presos busca rehabilitación y alivio al gasto estatal

En una iniciativa que busca redefinir el marco penitenciario nacional, el congresista Guido Bellido Ugarte presentó un proyecto de ley que propone modificar la Constitución y el Código de Ejecución Penal con el objetivo declarado de establecer el trabajo obligatorio para los internos de los centros penitenciarios del país. La propuesta surge en un momento en que la crisis estructural del sistema carcelario ha sido tema de debate público, con episodios de hacinamiento, niveles de reincidencia y la percepción de insuficiencia en los programas de rehabilitación.

Actualmente, el artículo 73 del Código de Ejecución Penal establece que el trabajo es voluntario. La iniciativa de Bellido busca convertir ese marco voluntario en una obligación legal para los reclusos, con el fin declarado de fortalecer la rehabilitación, generación de disciplina laboral y sostenibilidad de las penitenciarías. De acuerdo con datos de 2024, el costo promedio por interno supera los 81 mil soles anuales, gasto asumido en su totalidad por el Estado.

El proyecto plantea que los reclusos realicen labores productivas, de servicios o de apoyo comunitario, siempre respetando la dignidad humana y bajo condiciones reguladas. Además, propone modificar artículos de la Constitución para reforzar la obligación estatal de promover políticas penitenciarias sostenibles, incentivando la reincorporación económica y social de los internos a través del trabajo. La negativa a cumplir con estas labores podría ser tipificada como una falta disciplinaria grave.

En la exposición de motivos, Bellido señala que esta medida ya se aplica en otros países, citando Bielorrusia, Brasil, China, Rusia y Vietnam, donde el trabajo carcelario se presenta como una herramienta central de rehabilitación. El documento subraya que el Perú enfrenta un gasto creciente en la manutención de internos y, al mismo tiempo, plantea la posibilidad de convertir a la población penitenciaria en una fuerza productiva que aporte a la sociedad, reduciendo la carga fiscal que hoy recae sobre los contribuyentes.

Publicidad

Asimismo, el proyecto incluye un análisis costo-beneficio que apunta a reducir la reincidencia delictiva, aliviar el hacinamiento y contribuir al financiamiento parcial del sistema penitenciario. No obstante, advierte que la implementación requerirá ajustes legales y logísticos, así como mecanismos de supervisión y evaluación para garantizar la protección de derechos y la dignidad de las personas privadas de libertad.