Propuesta del proyecto de ley para retiro total de CTS hasta 2026 genera controversia.

En el marco de crecientes desafíos económicos y políticos, el Congreso de la República ha recibido un nuevo proyecto de ley que permite a los trabajadores acceder al 100% de su Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta el año 2026. Presentado el 7 de enero como Proyecto de Ley N° 09844/2024-CR, la propuesta busca ofrecer un alivio a la población frente a la inestabilidad económica, el impacto del cambio climático y las complicaciones del entorno internacional.

Esta iniciativa permite que los fondos acumulados en las entidades financieras sean retirados de manera inmediata, sin ninguna limitación, brindando acceso directo a los trabajadores que necesiten estos recursos. Este acceso es especialmente relevante para aquellos empleados del sector privado que laboran un mínimo de cuatro horas diarias, incluyendo a trabajadores del régimen agrario, cuyas CTS se integran en sus salarios, y trabajadoras del hogar, que reciben depósitos bajo el régimen común.

Sin embargo, la propuesta ha suscitado críticas entre los expertos en derecho laboral. Juan Valera, reconocido abogado en la materia, advirtió a La República que permitir este tipo de retiros podría desvirtuar la finalidad de la CTS. “Cuando las personas pierden su empleo y retiran sus ahorros de CTS o fondos de pensiones, quedan sin medios para sobrevivir. Esto las convierte en blanco fácil para prestamistas abusivos, o las obliga a aceptar trabajos informales en busca de ingresos”, declaró Valera, quien también cuestiona la solidez de los argumentos detrás de la legislación. “Esta medida refleja una inestabilidad política que proviene en gran medida de las mismas instituciones del Estado”, añadió.

Por otro lado, es importante recordar que las empresas que no depositen la CTS de sus trabajadores pueden enfrentar sanciones severas. Según la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), la falta de este depósito se considera una infracción grave, lo que conlleva multas que pueden variar entre S/6.908 y S/114.928, dependiendo del tamaño de la entidad y la cantidad de trabajadores afectados.