Propuesta de reforma constitucional busca facilitar pruebas y detención en delitos organizados.

La propuesta de reforma constitucional presentada por la congresista Gladys Echaíz, del bloque Honor y Democracia, genera un debate intenso sobre la seguridad ciudadana y los límites de la detención policial. La iniciativa plantea ampliar la detención preventiva en delitos de alta complejidad, como extorsión y sicariato, con el objetivo de dotar a las investigaciones de herramientas más adecuadas para identificar a responsables y desmantelar estructuras delictivas.

Según la propuesta, se buscaría modificar el literal f) del numeral 24 del artículo 2° de la Constitución Política del Perú, para incorporar estos ilícitos como excepciones que permiten una detención preventiva de hasta 15 días naturales. Los defensores de la medida sostienen que la complejidad de estos casos requiere técnicas y métodos especializados que dificultan avanzar en las primeras etapas de la investigación, por lo que un plazo mayor podría facilitar la recopilación de pruebas y la identificación de los responsables.

En la exposición de motivos de la reforma, se enfatiza que la ampliación del plazo podría alinear la detención con las necesidades operativas del Ministerio Público y facilitar la aplicación de medidas de coerción, ya sean personales o reales. No obstante, se subraya que la propuesta mantiene salvaguardias constitucionales: las autoridades policiales deben rendir cuentas al Ministerio Público y al juez, quien podría asumir jurisdicción antes de vencer el nuevo plazo, garantizando la supervisión judicial.

Entre los delitos considerados en la iniciativa aparecen extorsión, sicariato, terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y delitos cometidos por organizaciones criminales. La propuesta contempla que, en estos casos, la detención policial preventiva podría extenderse hasta 15 días para favorecer la investigación y la desarticulación de redes delictivas complejas.

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Críticos de la iniciativa advierten que un aumento del plazo podría impactar derechos fundamentales, como la libertad personal, y señalan la necesidad de mecanismos de control y rendición de cuentas estrictos para evitar abusos. En respuesta, los autores de la reforma reiteran que la propuesta incluye salvaguardas y la obligación de informar al Ministerio Público y al juez, con la facultad de intervención temprana para resguardar principios constitucionales.

El debate, que se enmarca en la búsqueda de una respuesta más contundente frente a delitos organizados, continúa en la agenda parlamentaria. Expertos legales señalan que cualquier modificación constitucional requiere un análisis minucioso de impactos y un adecuado equilibrio entre seguridad y derechos fundamentales.