Proponen blindaje jurídico para fuerzas del orden en situaciones de violencia y defensa de infraestructuras
- owenvalencia20
- hace 4 días
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En un acto institucional de reconocimiento a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, el presidente encargado del Congreso, Fernando Rospigliosi, presentó este jueves un proyecto de ley que busca eximir de responsabilidad penal a policías y militares cuando hagan uso de sus armas en defensa del orden constitucional y frente a ataques violentos dirigidos contra infraestructura pública o privada. La iniciativa, que fue presentada en octubre, incorpora una disposición transitoria que permite aplicar el criterio a hechos ocurridos en 2022 y 2023.
Durante el homenaje, celebrado como señal de respaldo a las instituciones por su actuación en la crisis del 7 de diciembre de 2022, Rospigliosi afirmó que las FF. AA. y la PNP “defendieron la democracia” ante circunstancias extremas. En sus palabras, estas instituciones actuaron para “defender la democracia” y, por ello, señaló la necesidad de actualizar el marco legal que regula el uso legítimo de la fuerza en contextos de violencia que amenazan la seguridad y la convivencia ciudadana.
El titular del Congreso cuestionó la labor de las investigaciones fiscales que involucran a aproximadamente 1.300 efectivos, calificándolas como una “persecución” contra miembros de las fuerzas del order público. También criticó la actuación del equipo del Ministerio Público conocido como Eficavip, dedicado a casos vinculados al uso de la fuerza, y subrayó que la propuesta no pretende blindar abusos, sino establecer criterios más claros para casos de enfrentamientos con autoridad, defensa constitucional y protección de infraestructura crítica.
Según Rospigliosi, la iniciativa cuenta con respaldos en distintos sectores legislativos que consideran necesario actualizar el marco normativo para regular el uso de la fuerza en contextos de violencia. “Estamos ante una situación que exige reglas más precisas para que las instituciones puedan actuar con eficacia, sin quedar expuestas a interpretaciones que complican su labor, especialmente en momentos de tensión social”, dijo el congresista.
La propuesta establece, entre sus componentes, una exención de responsabilidad penal para agentes que hagan uso de armas en defensa del orden constitucional o para impedir daños a bienes públicos y privados cuando se presenten agresiones o actos que amenacen la integridad del Estado. Además, prevé una cláusula transitoria que abarca hechos ocurridos en 2022 y 2023, con el fin de dar cobertura jurídica a actuaciones pasadas que se hubiesen visto enfrentadas a interpretaciones divergentes de la legalidad.
Analistas constitucionales señalan que el proyecto podría generar un debate intenso sobre los límites de la legítima defensa institucional y la necesidad de mantener la responsabilidad penal como salvaguarda contra abusos. Por su parte, las asociaciones de derechos humanos y actores cívicos han pedido claridad en los criterios y garantías para evitar interpretaciones que eximan de responsabilidad a actos que puedan exceder la razonabilidad o la proporcionalidad en el uso de la fuerza.
La discusión sobre el uso de la fuerza en contextos de crisis demuestra, según observadores, que la norma vigente podría requerir ajustes para equilibrar la protección de las instituciones y la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía. El proyecto deberá pasar por el proceso legislativo correspondiente, con debates en comisiones y votaciones en el pleno, antes de convertirse en ley.
