Prisión preventiva de Castillo se mantiene: rechazo a avanzar a comparecencia con restricciones
- owenvalencia20
- 30 sept. 2025
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La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la vigencia de la prisión preventiva contra Pedro Castillo, en el marco de las investigaciones por presuntos delitos vinculados al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. Con la decisión, el exmandatario permanecerá privado de su libertad en el penal de Barbadillo, en Ate, mientras avanzan las fases del proceso penal que afronta.
El fallo reiteró lo resuelto por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley Soria, al desestimar el recurso de apelación presentado por la defensa para sustituir la prisión preventiva por la figura de comparecencia con restricciones. Según la resolución, presentada ante la Sala por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, no se aprecia irregularidad en la actuación de fiscales adjuntos o provisionales durante las audiencias, aspecto que la defensa había cuestionado alegando que esos cargos corresponderían solo a fiscales supremos designados por el Fiscal de la Nación.
El tribunal, presidido por César San Martín, subrayó que el artículo 154, numeral 4, del Código Procesal Penal prohíbe retroceder a fases procesales ya superadas, por lo que los fundamentos de la apelación no prosperan. En cuanto a la posibilidad de levantar la prisión preventiva, la Corte indicó que ello solo procede si emergen nuevos elementos de investigación o pruebas que demuestren la inexistencia o desaparición de las causas que motivaron la medida, en cuyo caso podría ser sustituida por la comparecencia, conforme al artículo 283, inciso 4, del CPP.
La Fiscalía ha solicitado una condena de 34 años de prisión para Castillo, además de 3 años y 6 meses de inhabilitación para ejercer funciones públicas, por los presuntos delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave alteración del orden público en perjuicio del Estado y la Sociedad. Paralelamente, Castillo enfrenta otra orden de prisión preventiva en la etapa de investigación preparatoria por presuntos delitos de organización criminal y otros, vinculados a los casos Petroperú, Puente Tarata y el Ministerio de Vivienda.
La defensa insistió en cuestionar la composición de la acusación, alegando que la participación de fiscales adjuntos afectaba la validez procesal por no corresponderse con la estructura que la ley establece para este juicio. Aun así, la Corte ratificó la resolución que mantiene vigente la medida restrictiva, señalando que no se han presentado elementos que justifiquen su modificación o cese.
Este fallo llega en un momento de intenso escrutinio público sobre la estructura del proceso penal y la forma en que se garantiza el debido proceso para exmandatarios y altos funcionarios. Analistas señalan que la decisión busca mantener la estabilidad del procedimiento, evitando retrocesos que podrían prolongar etapas ya superadas del caso, mientras el sistema de justicia continúa evaluando las pruebas y los argumentos presentados por ambas partes.
