Premier Álvarez: toque de queda en Lima y Callao no está descartado, pero será técnico y proporcional

El gobierno de transición mantiene abiertas varias líneas de acción ante la emergencia declarada por 30 días en Lima y Callao. Aunque el toque de queda no está descartado, el primer ministro Ernesto Álvarez subraya que cualquier restricción de libertad deberá basarse en criterios técnicos y en un equilibrio entre seguridad y economía.

En la jornada posterior a la declaración de estado de emergencia para Lima y Callao, el equipo de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó sobre posibles medidas adicionales para contener la ola de violencia y criminalidad que ha afectado a distintos sectores. Entre las opciones que se analizan, destaca la posibilidad de implementar un toque de queda en la capital, idea que cuenta con apoyo de autoridades locales de Lima Metropolitana y del Callao. Sin embargo, el titular de la PCM afirmó que tal medida “no ha sido descartada por completo”, aludiendo a la necesidad de evaluar impactos económicos y sociales.

Álvarez explicó ante periodistas de televisión que la restricción de actividades nocturnas podría afectar de manera significativa al turismo, al comercio y a servicios vinculados a centros de entretenimiento. Señaló que cualquier decisión se tomará con base en criterios técnicos y en un marco de proporcionalidad, subrayando que “toda medida restrictiva de libertad tiene que ser proporcional y racional”.

“Existe una preocupación legítima por la seguridad y la estabilidad de la convivencia, pero no podemos islas de libertad cuando la evidencia técnica demuestra un perjuicio sustancial para la economía y la vida diaria de las personas”, afirmó el primer ministro. Añadió que, en el diseño de cualquier estrategia, se debe ponderar derechos y repercusiones económicas para minimizar daños a trabajadores, comerciantes y prestadores de servicios.

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En paralelo, Álvarez comentó sobre el incremento de la criminalidad organizada, saludando la necesidad de fortalecer la inteligencia policial para frenar prácticas como extorsión y sicariato. “Estamos frente a una dinámica que, si no se contiene, podría generar miedo generalizado. La respuesta debe ser integral, con coordinación entre seguridad y justicia”, afirmó.

El gobernante reiteró que las decisiones finales se tomarán con un sustento técnico y con consideración de las particularidades de cada región. En ese marco, la administración ha pedido a las autoridades locales y nacionales mantener la comunicación para ajustar medidas conforme evolucione la situación.