Precandidata de APP habría usado fondos estatales para promover su imagen, según revelaciones de “Punto Final”

Una investigación periodística ha reavivado las críticas sobre la presunta utilización de fondos públicos con fines político-electorales, vinculados a Jessica Tumi Rivas, directora del programa estatal Llamkasun Perú (antes conocido como Trabaja Perú) y precandidata a la vicepresidencia por Alianza Para el Progreso (APP). De acuerdo con la información difundida, Tumi habría realizado más de 40 desplazamientos a diversas regiones del país, acompañada por un mismo grupo de asistentes vinculados a las juventudes de APP, y ha difundido videos promocionales de los logros del programa desde su cuenta personal en redes sociales.

El informe, producido por el programa dominical “Punto Final”, señala que los traslados y las producciones audiovisuales se habrían financiado con fondos públicos, y que el material cinematográfico se publicó en las cuentas personales de Tumi, en lugar de las oficiales del Ministerio de Trabajo. Estas acciones han generado críticas por un posible uso político de recursos del Estado y por la posibilidad de beneficiar a la dupla precandidata en un contexto electoral.

Entre las revelaciones, el reportaje indica que los viajes contaron con la participación repetida de un mismo grupo de acompañantes, varios de ellos con vínculos directos a las juventudes de APP y con registros de viáticos a nombre del programa. Fuentes internas de Llamkasun Perú cuestionaron la conveniencia de que la directora encabezara todos los eventos, argumentando que existen jefes regionales capacitados para representar al programa sin generar gastos adicionales, según lo publicado por “Punto Final”.

En respuesta a las denuncias, ni Jessica Tumi ni el Ministerio de Trabajo han emitido pronunciamientos oficiales que expliquen quién financia, graba y distribuye los videos de promoción personal, ni han aclarado el flujo de recursos involucrados. La falta de comentarios oficiales ha aumentado la expectativa de una pronta explicación por parte de las autoridades competentes y ha intensificado el debate sobre los límites entre institucionalidad y aspiraciones políticas en ejercicios de gobierno y campaña.

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Al cierre de esta entrega, distintos observadores señalan la necesidad de una revisión rigurosa de las políticas de difusión de contenidos institucionales y de las normas sobre el uso de recursos públicos con fines electoralistas. Este caso podría marcar un punto de inflexión en la discusión sobre transparencia, rendición de cuentas y la adecuada separación entre funciones estatales y actividades proselitistas de precandidatos con cargos de dirección.