Policías piden hasta s/ 2.000 a mototaxistas para dar ‘seguridad’ en SJL.

Un alarmante caso de corrupción ha surgido en San Juan de Lurigancho, donde mototaxistas denuncian que algunos policías exigen sobornos de entre S/ 1.000 y S/ 2.000 a cambio de brindar 'seguridad' en las peligrosas calles del distrito, conocido por la presencia de mafias criminales. Este escandaloso hecho ha llevado a la Fiscalía y a la Dircocor a iniciar una investigación exhaustiva para identificar y atrapar a los responsables.

Los denunciantes revelaron que los extorsionadores actúan sin disimulo, utilizando vehículos policiales y comisarías como centros de operaciones. La indignación ha crecido entre los transportistas, quienes sienten que deben pagar para no quedar desprotegidos ante la criminalidad que los acecha.

Julio García Fernández, presidente de la Asociación Nacional de Mototaxistas del Perú, expresó su preocupación: “Estamos siendo obligados a pagar para no quedarnos indefensos. La situación es insostenible”.

La magnitud de esta denuncia ha encendido las alarmas en las altas esferas del poder judicial. Hasta ahora, se ha identificado a un comisario y varios suboficiales que deberían estar combatiendo el crimen en lugar de colaborar con él. Las investigaciones apuntan a un posible lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, revelando que las víctimas no solo enfrentan extorsiones de delincuentes, sino también de estos servidores públicos.

Ante esta grave situación, el Segundo Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima-Este, bajo la dirección del fiscal Richter Eliseo Rengifo Ramírez, ha iniciado una investigación preliminar.

En respuesta a las denuncias, el Ministerio del Interior ha ordenado la remoción inmediata de todos los agentes presuntamente involucrados, en un intento por restaurar la confianza pública y garantizar la integridad de la institución. Los dictados incluyen no solo a los patrulleros, sino también al comisario y a los jefes de turno, lo que subraya la gravedad del asunto.

El abogado Mario Amoretti advirtió sobre las graves consecuencias para los implicados: “Los policías que solicitan sobornos, directos o indirectos, enfrentan penas de prisión de entre 5 a 8 años e inhabilitación como funcionarios públicos”.

Este nuevo escándalo de corrupción en la Policía Nacional del Perú pone de manifiesto la urgente necesidad de reformas y vigilancia para erradicar la conducta delictiva dentro de las fuerzas del orden.

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