Poder Judicial ordena se levanta el secreto bancario de Andrés Hurtado y otros en el caso.

El Poder Judicial ha autorizado, en el marco de la investigación preparatoria por presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho activo específico en agravio del Estado, el levantamiento del secreto bancario, tributario y bursátil de Andrés Hurtado, conocido popularmente como Chibolín, así como de Elizabeth Peralta, Javier Miu Lei e Iván Siucho Neira. La medida, dictada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, fue fundamentada por la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, con el objetivo de esclarecer la naturaleza de las operaciones económicas de los investigados y detectar posibles movimientos irregulares que pudiesen estar vinculados a los actos ilícitos que se les atribuyen.

En la resolución, Checkley subrayó que la apertura de estos antecedentes financieros resulta indispensable para obtener una visión más clara sobre las transacciones y relaciones financieras de las personas y entidades involucradas. El magistrado enfatizó además que se trata de un asunto de interés público, dada la relevancia de las investigaciones y su posible impacto en la percepción de integridad en instituciones públicas y privadas.

La medida incluye, según lo autorizado, a cuatro empresas relacionadas con Hurtado, en calidad de personas jurídicas. La finalidad es verificar si las cuentas de estas sociedades fueron utilizadas para movimientos que podrían estar vinculados a actos de corrupción o a la financiación de actividades ilícitas. Este paso, explican fuentes cercanas al proceso, busca trazabilidad de flujos y conexiones entre actores que podrían estar operando en redes de influencia con consecuencias para el Estado.

Paralelamente, el caso continúa desarrollándose en distintos frentes procesales. En el penal de Lurigancho, el exconductor de televisión ha insistido ante distintos tribunales para revertir su situación de prisión preventiva, que cumple desde octubre de 2024. En una carta manuscrita dirigida al Tribunal Constitucional (TC), Hurtado solicita la anulación de su encarcelamiento “sin riesgo de fuga”, una petición que llega después de dos intentos de revisión ante la Sala Penal Permanente sin éxito y tras interponer un habeas corpus.

La misiva, fechada el 14 de julio de 2025 y divulgada recientemente por Infobae, solicita que el TC “programar urgentemente” el recurso de agravio constitucional, argumentando que los arraigos demuestran la posibilidad de seguir el proceso en libertad. La defensa sostiene que estas medidas serían proporcionales y compatibles con las garantías constitucionales. La respuesta de las instancias judiciales aún está por definirse, mientras otras aristas de la investigación continúan abiertas.

Dentro de la maquinaria judicial, la Fiscalía de la Nación sostiene que la colaboración entre Hurtado y otras personas podría haber incidido en procesos administrativos y migratorios relevantes. En concreto, la fiscalía señala que Hurtado habría influido en Roxana Del Águila para agilizar la renuncia a la nacionalidad peruana del futbolista Roberto Siucho en 2019. Este hecho, según las pesquisas, forma parte de un marco de presuntas coordinaciones ilícitas que se investiga con especial atención por la posible afectación a intereses estatales y a la integridad de procesos administrativos.

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El caso, que ha captado atención mediática y pública, continúa su curso con un escrutinio exhaustivo de evidencias y testigos. Expertos consultados señalan que la decisión de levantar sigilos financieros puede aportar claridad sobre las relaciones entre actores del ámbito público y privado y su posible uso de influencias para obtener ventajas o beneficios indebidos. En tanto, la opinión pública observa con interés el desarrollo de un expediente que podría dejar huellas sobre prácticas de poder y sus límites.