Poder Judicial niega levantamiento del secreto de comunicaciones de las computadoras del despacho de Darwin Espinoza
- owenvalencia20
- 15 sept
- 2 Min. de lectura
El Poder Judicial rechazó este martes el pedido de la Fiscalía de levantar el secreto de las comunicaciones de seis computadoras del despacho del congresista Darwin Espinoza, así como de una laptop, en el marco de la investigación por presuntos delitos de concusión, peculado por utilización y peculado de uso en agravio del Estado. La decisión, tomada por el juez supremo provisional Juan Carlos Checkley, llega en un momento en que el Congreso de la República ya había recibido una denuncia constitucional contra Espinoza y la inmunidad parlamentaria se mantiene suspendida hasta que se resuelvan los procesos institucionales.
El fallo señala que, a día de hoy, la competencia de la Sala Suprema para proseguir las actuaciones procesales depende de la vía parlamentaria y de la eventual medida de formalización de la investigación preparatoria. En otras palabras, mientras la acusación constitucional no sea aprobada y no exista una formalización de la investigación, la causa permanece en una etapa en la que el despacho del parlamentario no está obligado a avanzar con las diligencias solicitadas por la Fiscalía.
La resolución, fechada el 3 de septiembre, aclara que la Fiscalía de la Nación insistía en la necesidad de acceder, leer, visualizar, extraer y reproducir información de los dispositivos de almacenamiento mencionados, a fin de reconstruir el contenido de las “copias forenses” almacenadas en disco duro y, de ser necesario, imprimir los resultados. Sin embargo, el magistrado rechazó esa modalidad de actuación “en atención a la circunstancia procesal” de la denuncia constitucional presentada el 20 de diciembre de 2024 contra Espinoza.
El Ministerio Público había denunciado al congresista Espinoza por los presuntos delitos de concusión, peculado por utilización y peculado de uso, a raíz de un reportaje elaborado por el programa periodístico Punto Final. El reportaje habría revelado que personal del despacho congresal habría participado, durante el horario laboral, en la recolección de firmas para la inscripción del movimiento regional “Adelante Ancash”.
El juez Checkley explicó que, mientras la acusación constitucional está en trámite y no exista una resolución que levante la inmunidad, su despacho “carece de competencia para continuar con las actuaciones procesales”. En la práctica, ello implica que el requerimiento fiscal debe ser desestimado, al menos hasta que el foro parlamentario se pronuncie sobre la acusación y, en su caso, se disponga la formalización de la investigación preparatoria.
La decisión, que evita abrir de inmediato las comunicaciones y equipos incautados, se inscribe en un marco de cautela institucional orientado a salvaguardar el proceso parlamentario frente a posibles conflictos entre órganos del Estado. Expertos consultados por este medio señalan que la jurisprudencia reciente enfatiza la necesidad de coordinar las competencias entre el Poder Judicial y el Congreso cuando existen procedimientos que involucren a titulares de inmunidad.
Al cierre de esta edición, la Fiscalía no ha informado sobre posibles medidas alternativas para continuar la investigación, que podrían incluir otras diligencias no invasivas o el análisis de información ya presente en la contabilidad y documentación del despacho. La defensa de Espinoza, por su parte, sostiene que la actuación judicial debe respetar la inmunidad y los cauces constitucionales para cualquier diligencia de este tipo, subrayando que cualquier acción debe encaminarse a la verdad de los hechos sin vulnerar derechos fundamentales.
