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Poder Judicial: Juicio oral contra Susana Villarán inicia el 23 de setiembre

  • owenvalencia20
  • 22 sept
  • 2 Min. de lectura
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El Poder Judicial informó este martes que el juicio oral contra Susana Villarán, exalcaldesa de Lima, arrancará el próximo martes 23 de setiembre. La audiencia, de carácter presencial, se desarrollará en la sede del edificio Carlos Zavala desde las 9:00 a. m. y será dirigida por el Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional.


Según la Fiscalía, Villarán está acusada de asociación ilícita, colusión, cohecho y lavado de activos. La acusación sostiene que la exfuncionaria recibió más de 11 millones de dólares procedentes de las constructoras Odebrecht y OAS para financiar sus campañas políticas de 2013 y 2014, a cambio de concesiones en proyectos emblemáticos de la ciudad como la Línea Amarilla, las Rutas de Lima y la Vía Expresa Sur. En este marco, el Ministerio Público ha solicitado una pena de 29 años de prisión.


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El tribunal está conformado por los jueces Nayko Techy Coronado Salazar, Max Oliver Vengoa Valdiglesias y Wilmer Roy Quispe Umasi. Además de Villarán, serán juzgados otros 20 acusados, entre ellos exfuncionarios de su gestión, como Domingo Arzubialde, todos señalados por delitos similares.


El proceso involucra, asimismo, a entidades jurídicas y terceros civilmente responsables. En representación del Estado, la Procuraduría Pública Ad Hoc para el caso Odebrecht actúa como actor civil para exigir las reparaciones económicas correspondientes ante los presuntos perjuicios ocasionados.

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La defensa de la exalcaldesa, así como la del resto de imputados, deberán enfrentar un proceso de varios meses, con argumentos que buscarán desvirtuar o reducir las imputaciones. Los próximos días incluirán la presentación de pruebas, la declaración de testigos y la revisión de elementos documentales que sustentan la acusación.


Este caso mantiene en el foco público un tema clave de la vida institucional local: la gestión de contratos de gran envergadura y los mecanismos de supervisión en torno a proyectos de infraestructura municipal. En medio de un juicio de alta repercusión, las partes interesadas —desde la ciudadanía hasta organismos de control— aguardan resultados que podrían influir en el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.

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