Poder Judicial confirma que Nicanor Boluarte continuará siendo investigado por organización criminal.

El Poder Judicial ha rechazado el recurso de excepción presentado por Zenovia Herrera, exjefa del programa Qali Warma en San Martín, lo que implica que Nicanor Boluarte Zegarra, hermano de la presidenta Dina Boluarte, seguirá siendo investigado por su presunta participación en la organización criminal conocida como “Los Waykis en la Sombra”. La resolución judicial reafirma que la investigación en su contra continúa bajo la Ley 32138, aprobada por el Congreso en octubre de 2024, que contempla delitos de crimen organizado.

De acuerdo con las pesquisas del Ministerio Público, Nicanor Boluarte sería considerado el líder de esta estructura ilegal, la cual habría ejercido control sobre funcionarios públicos y particulares para influenciar en la designación de subprefectos y prefectos en diversas regiones del país, incluyendo Lima, Apurímac, Puno, Junín, Ica, Cusco, San Martín y Cajamarca. Entre los implicados figura Jorge Luis Ortiz Marreros, exdirector general de Gobierno del Interior, quien habría sido el receptor de estas influencias ilícitas, actuando en su calidad de funcionario público.

El recurso presentado por Herrera solicitaba que se archivara el caso por considerar que los hechos no constituían un delito de crimen organizado y que, por tanto, no se aplicaba la ley específica. Argumentó que la Ley 32108, con penas mínimas de seis años, debía regir en lugar de la Ley 32138, que establece penas menores. Además, defendió la legalidad de los nombramientos y negó que Boluarte tuviera participación como funcionario público en los hechos.

El Ministerio Público y la Fiscalía sostuvieron que la argumentación de la defensa no procedía, ya que la Quinta Sala de Apelaciones ya había determinado la aplicación de la Ley 32138. Además, confirmaron que Boluarte habría liderado una estructura dedicada a cometer delitos de cohecho y tráfico de influencias, con penas superiores a cinco años, lo que refuerza la tipificación del crimen organizado en el caso. La Procuraduría Anticorrupción respaldó estas afirmaciones, señalando que la organización buscaba cometer delitos con penas elevadas, y que las investigaciones continúan en curso para esclarecer todo el entramado ilícito.

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Este caso sigue en desarrollo, en medio de las tensiones políticas y las investigaciones por corrupción que involucran a familiares y allegados a la Presidenta. La decisión judicial reafirma que Nicanor Boluarte, pese a los intentos de bloquear el proceso, sigue en la mira de la justicia peruana, que busca desmantelar las estructuras criminales que operan en el país.