PNP retira resguardo a Delia Espinoza tras suspensión de seis meses por la JNJ
- owenvalencia20
- 21 sept
- 2 Min. de lectura
Delia Espinoza, titular suspendida del Ministerio Público, perdió la protección policial que le había sido asignada como alta funcionaria tras la resolución de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que la suspendió por seis meses, medida que fue comunicada en las últimas horas.
La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que Espinoza presentó una solicitud para hacer vigente dicha medida de resguardo en la noche del viernes 19, horas después de que se confirmara la suspensión en su contra. Un vocero institucional señaló que “el pedido viene siendo evaluado conforme a los plazos establecidos por ley”.
Por su parte, el abogado de Espinoza, Luciano López, señaló que la defensa responsabiliza al ministro del Interior, Carlos Malaver, y al director de la PNP por “cualquier atentado a la vida e integridad” de la funcionaria. En declaraciones recogidas por este medio, López añadió que Malaver habría mostrado un trato distinto con Espinoza, en contraste con lo ocurrido en otros casos, citando el supuesto resguardo garantizado a Patricia Benavides cuando fue suspendida por el Poder Judicial.
Estas afirmaciones del abogado de Espinoza refuerzan la expectativa sobre el manejo institucional de la seguridad de altas funcionarias durante procesos administrativos y judiciales. Hasta el cierre de esta nota, no existían pronunciamientos oficiales adicionales sobre medidas de protección alternativas o cambios en la asignación del resguardo.
La situación se produce en un contexto de inquietud institucional y debate público respecto a la coordinación entre las carteras de Interior, la PNP y la titularidad de la Junta Nacional de Justicia para garantizar la seguridad de sus funcionarios, especialmente en momentos de suspensión o procedimiento disciplinario.
Se espera que las autoridades fortalezcan, con claridad y transparencia, los criterios y plazos para la revisión de estos pedidos de resguardo, así como la evaluación de riesgos para evitar vacíos de protección cuando una fiscal de alto rango pasa a una situación de suspensión.
