PJ solicita Costa Rica el decomiso y repatriación de 6,635,000 USD vinculados al caso Alejandro Toledo

El Poder Judicial de Costa Rica ha recibido una solicitud formal de decomiso y repatriación de un monto de 6,635,000 dólares estadounidenses, más los intereses devengados, que se encuentran inmovilizados en una entidad bancaria de ese país. Las cuentas están a nombre de la empresa Ecostate Consulting S.A. La petición se formula en el marco de cooperación internacional y busca la ejecución de una sentencia de colaboración eficaz emitida el 26 de junio de 2019, vinculada al fallecido empresario israelí Josef Maiman.

En su escrito, el juez Richard Concepción Carhuancho solicita la aplicación de herramientas de asistencia judicial internacional para que los fondos sean repatriados a las cuentas del Estado peruano. El magistrado subraya que la información aportada por el colaborador eficaz —quien autorizó revelar su identidad— fue determinante para trazar la ruta de la actividad criminal asociada a los pagos ilícitos efectuados por Odebrecht y Camargo Correa a favor de Alejandro Toledo.

Según la versión judicial, dichos pagos tenían como objetivo obtener ventajas en la adjudicación de los tramos 2, 3 y 4 de la Carretera Interoceánica. Los fondos, canalizados primero a través de las cuentas del colaborador eficaz y luego sometidos a operaciones de lavado de activos, habrían servido también para la compra y el pago de hipotecas de inmuebles en beneficio del expresidente y su entorno familiar.

En la solicitud presentada el 25 de septiembre, el magistrado enfatiza que el pedido se sustenta en una asistencia judicial de carácter definitivo y ejecutoriado, conforme a la normativa peruana, por lo que no existen vías ordinarias de impugnación. Asimismo, invoca el Convenio de las Naciones Unidas contra la Corrupción y el Principio de Reciprocidad para sostener que la petición cumple con los requisitos legales para tramitar el exequátur y la repatriación de los fondos decomisados.

El caso remite a una compleja red de operaciones financieras y alianzas entre privados y empresas para favorecer adjudicaciones de obras importantes. Fuentes cercanas al proceso señalan que el objetivo central es restituir al Estado peruano los recursos obtenidos de manera ilícita y evitar que permanezcan en jurisdicciones que no aseguran la trazabilidad y la repatriación de estos activos.

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Este desarrollo se da en un contexto regional de cooperación judicial y lucha contra la corrupción, donde la colaboración entre países busca cerrar brechas legales y facilitar la devolución de recursos ilícitos. A la espera de respuestas de las autoridades costarricenses, el Poder Judicial peruano mantiene su postura de que la repatriación de los fondos es un paso clave para la reparación del daño y el fortalecimiento de las instituciones.

Conforme avance el proceso, la observancia de los principios de transparencia y el debido proceso serán elementos centrales para asegurar que cada acción se ajuste a la normativa vigente y a los compromisos internacionales asumidos por Perú.