Permanente aprueba inhabilitación de Delia Espinoza y denuncia por presuntas irregularidades

La Comisión Permanente del Congreso aprobó este martes, con una votación de 16 a favor, cuatro en contra y dos abstenciones, el informe que recomienda inhabilitar para ejercer función pública durante 10 años a la suspendida fiscal de la Nación Delia Espinoza Valenzuela. El dictamen será elevado al pleno para su votación final en las próximas sesiones.

La decisión se fundamenta en una denuncia por presuntas infracciones constitucionales derivadas de la suscripción de la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 2246-2024-MP-FN. Según el informe, dicha resolución ordenó a los fiscales de todo el país no acatar la Ley 32130, que devuelve a la Policía las investigaciones preliminares de los procesos penales. La Comisión Permanente, en su votación complementaria, también decidió levantarle el fuero y denunciarlacomo presunta autora de delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica.

En consecuencia, corresponde al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, formular una acusación formal contra Espinoza ante la Corte Suprema dentro de un plazo de cinco días. La petición de inhabilitación y denuncia por los presuntos delitos mencionados implica, además, una revisión detallada de la actuación de otros altos cargos, ya que el informe contemplaba, en la misma línea, acciones contra los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos. No obstante, en estos casos no se obtuvo el número de votos necesario para avanzar.

Durante la sesión, la diputada Delia Espinoza sostuvo que la voluntad del Parlamento es apartarla de su cargo, y advirtió que, si los legisladores continúan vulnerando el Estado de Derecho, “desde ahora estamos en dictadura”. Por su parte, la fiscal Zoraida Ávalos afirmó que la resolución objeto de la sospecha no fue elaborada por la Junta de Fiscales Supremos, sino por el despacho del entonces fiscal de la Nación, Villena, subrayando que la Junta de Fiscales Supremos no tiene competencia para aprobar directivas.

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La votación y las intervenciones que siguieron dejaron en claro que el proceso continúa su curso institucional, con la expectativa de que el pleno del Congreso tome la decisión definitiva sobre la inhabilitación y las posibles acusaciones. En este escenario, la politica y la justicia enfrentan un debate intenso sobre los límites de la autoridad fiscal y la independencia de los órganos que integran el Ministerio Público asumiendo roles de coordinación y dirección.