Pericia grafotécnica pone en duda firma de la presidenta en documentos clave.

Nuevas evidencias en el caso que involucra a la presidenta Dina Boluarte han generado una fuerte controversia respecto a la validez de su firma en el decreto supremo N° 017-2023, firmado el 29 de junio de este año, cuando se encontraba en reposo en una clínica. La investigación, que busca esclarecer si la mandataria realmente rubricó el documento en aquella fecha, ha tomado impulso tras un peritaje grafotécnico realizado por el perito Julio Espejo Quevedo, solicitado por el dominical Cuarto Poder.

El estudio comparó 17 rúbricas de la presidenta, tomadas antes de su operación, con la firma del decreto en cuestión. Los resultados revelaron que, si bien las rúbricas anteriores muestran similitudes, la firma registrada en el decreto presenta claras disimilitudes en su forma y características grafointrínsecas. Es decir, “no son iguales” en forma ni en detalles, afirmó el perito.

Según su análisis, los trazos de la firma en el decreto son significativamente diferentes, presentando un estilo más rígido, con enlaces angulosos y letras en ángulos que dificultan su identificación como la firma original de Boluarte. Además, el experto explicó que los elementos que conforman su apellido, en la firma del decreto, son menos legibles y más rígidos que en las rúbricas previas, en las que las letras aparecen más redondeadas y claramente definidas.

El perito también afirmó que la firma en el decreto, supuestamente realizado cuando la mandataria se encontraba bajo efectos de anestesia o dopaje, sería efectivamente una falsificación. Además, constató que la misma persona habría sido responsable de firmar una de las cartas notariales enviadas a su médico, Mario Cabani, en la que se le solicitaba que dejaran de hacer declaraciones públicas bajo amenaza de denuncia.

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Mario Cabani, por su parte, envió una carta notarial en la que desmiente la validez de la firma en el decreto, asegurando que la presidenta permaneció internada en su clínica desde el 29 hasta el 30 de junio y que es imposible que haya firmado ese documento desde allí mientras autorizaba otra resolución en sede de Gobierno, sin que nadie más pudiera ingresar a la clínica en ese momento.

El caso continúa en investigación y presenta una serie de implicancias políticas y judiciales que podrían alterar el curso de los acontecimientos en la administración pública y en la lucha por la transparencia en el gobierno peruano.