Pedro Castillo enfrenta hasta siete posibles condenas.

El aún detenido expresidente Pedro Castillo, quien permanece en el penal de Barbadillo tras el golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, se enfrenta a una posible serie de sentencias que podrían alcanzar las siete, según las investigaciones en curso. La primera de esas condenas, que ya está en marcha y que la Fiscalía pide que culmine en una pena de 34 años de cárcel, corresponde al proceso por el golpe de Estado. Sin embargo, esta solo representa una parte de un escenario mucho más complejo, en el que aún debe responder por otros casos que van desde ascensos militares irregulares hasta posibles delitos de corrupción y uso indebido de bienes estatales.

La Fiscalía ha puesto la mira en al menos seis investigaciones adicionales, que, de resultar en condena, llevarían al exmandatario a igualar o incluso superar las condenas de figuras emblemáticas como Alberto Fujimori, quien acumuló cinco sentencias. De acuerdo con expertos, si todas esas acusaciones prosperan en su contra, Castillo podría terminar con un total de siete condenas, algo que no tiene precedentes en la historia judicial del Perú reciente.

El proceso que mayor notoriedad ha adquirido es el que señala como responsable al exmandatario por haber dado un golpe de Estado y cerrar el Congreso en busca de mantener el poder. La Fiscalía ha solicitado 34 años de prisión por estos hechos, considerándolos delitos de rebelión, conspiración y abuso de autoridad. Este caso avanza sin obstáculos y en tribunales, mientras la acusación apunta a que Castillo actuó de manera ilegal al suspender el orden constitucional.

Pero esta no sería la única causa que enfrentaría Castillo. Desde que fue detenido, las denuncias no han cesado. En agosto de 2023, por ejemplo, fue denunciado por presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, un caso que surgió a raíz de una denuncia del excomandante general del Ejército, José Vizcarra Álvarez, quien afirmó haber sido presionado para favorecer a oficiales allegados a Castillo—personas que no contarían con los requisitos necesarios para los ascensos.

Otra denuncia importante tiene que ver con nombramientos que la Fiscalía considera ilegales, como la designación de Daniel Salaverry en Perupetro y de Juan Carrasco en el Ministerio del Interior. Ambos casos, según la fiscalía, muestran que Castillo llevó a cabo nombramientos sin cumplir con los requisitos legales y constitucionales, generando un larguísimo proceso judicial por posibles delitos de negociación incompatible y uso indebido del cargo.

Por si fuera poco, también está en la mira un caso de uso indebido de bienes públicos, denunciado por el presunto uso de aeronaves militares para viajes personales durante su gestión, en hechos que, para la Fiscalía, constituyen peculado de uso. Castillo habría utilizado vuelos de la Fuerza Aérea y helicópteros del Ejército en actividades no oficiales, como celebraciones familiares, específicamente en Cajamarca.

Recientemente, en la mañana del día de ayer, la Fiscalía presentó una denuncia contra Castillo por cohecho pasivo impropio, acusándolo de solicitar dinero a Geiner Alvarado a cambio de mantenerlo en su cargo ministerial. Además, se le señala también de haber pedido sobornos para pagar a congresistas y jueces que estaban investigando casos vinculados a sus familiares y allegados.

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Expertos consultados, como el penalista Andy Carrión, aseguran que la posibilidad de que Castillo reciba siete condenas dependerá en gran medida del aval del Congreso, encargado de levantar su fuero y permitir que continúen las investigaciones. “Si las denuncias pasan en este Congreso, esto permitirá que las investigaciones se progresen y se llegue a la etapa del juicio”, afirmó Carrión, advirtiendo además que para personajes como Castillo, si recibe varias sentencias, se suele aplicar la “absorción”, o sea, que la sentencia máxima se cumple en su totalidad, descontando el tiempo en prisión preventiva si aplicara.

Un aspecto que preocupa a la defensa del exmandatario, y que podría cambiar en cualquier momento, es que Castillo todavía puede aspirar a cargos públicos, dado que, en principio, no tiene impedimentos legales para postular a una elección. Sin embargo, en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales hay dos denuncias en su contra que buscan inhabilitarlo por diez años, lo que supondría un freno definitivo a esa posibilidad.

En definitiva, la historia judicial de Pedro Castillo todavía está en su etapa inicial, pero sus futuras condenas podrían marcar un récord en la historia criminal del Perú reciente, superando las múltiples sentencias que sumaron figuras como Fujimori o Montesinos. La olla de presión que representa su caso no deja de crecer, y la justicia peruana continúa en pie de lucha para determinar su destino.