Patricia Benavides vuelve a la Fiscalía Suprema: ¿Qué falta para su reincorporación definitiva?

Tras la resolución judicial que anuló su suspensión de 24 meses, Patricia Benavides está en proceso de regresar al cargo de fiscal suprema en el Ministerio Público, una noticia que ha generado controversia y expectativas en el ámbito judicial y político. La Junta Nacional de Justicia (JNJ) ordenó su restitución, pero aún no se ha definido en qué despacho específico desempeñará sus funciones ni cómo se ajustarán sus condiciones salariales al presupuesto de la institución.

Según fuentes judiciales consultadas, el proceso de reincorporación consta de varias etapas y condicionantes. En primer lugar, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, solicitó a la JNJ que precise los alcances jurídicos y constitucionales de la resolución que restituye a Benavides. Asimismo, el área de Presupuesto del Ministerio Público debe evaluar si existen los fondos necesarios para cubrir el sueldo y gastos asociados, o si será preciso realizar un requerimiento adicional al Ministerio de Economía y Finanzas.

El aspecto más complejo —y todavía sin resolver— es la asignación del despacho. Hasta la fecha, ni la propia fiscal ni su abogado, Humberto Abanto, tienen precise sobre en cuál de los siete despachos del Ministerio Público será ubicada. De los únicos disponibles, la primera y segunda Fiscalía Suprema Anticorrupción, ambos registran procesos en contra de Benavides, lo cual impide su designación por conflicto de intereses. La opción más viable sería trasladar a un fiscal de otra división a un nuevo despacho, o en su defecto, designarla como representante en el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Humberto Abanto manifestó que aún no hay una fecha o lugar definidos para el reingreso, y que todo dependerá de la respuesta que la JNJ otorgue en su último pedido de aclaración presentado por la fiscal de la Nación. En dicho escrito, Espinoza señala inconsistencias en la resolución y busca que la JNJ precise su interpretación, asegurando que su solicitud no pretende desacatar la orden judicial, sino evitar errores administrativos.

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Por su parte, la fiscal de la Nación también expresó preocupación respecto a los procesos abiertos contra Benavides, relacionados con presunta organización criminal y denuncias constitucionales en su contra, que complicarían su incorporación sin afectar la institucionalidad del Ministerio Público. Además, confirmó que está a la espera de la evaluación del área de presupuesto para determinar si la institución cuenta con los recursos suficientes para pagar su salario, dado el presupuesto aprobado para 2025, que presenta una brecha significativa de fondos.

En resumen, si bien la justicia ha restituido a Benavides, aún hay muchos detalles por definir, y la incertidumbre sobre su retorno continúa en un escenario marcado por obstáculos administrativos y políticos.