Patricia Benavides denuncia a Delia Espinoza por abuso de autoridad y propone inhabilitarla por 10 años.
- owenvalencia20
- hace 5 días
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Patricia Benavides, exprimaga de la Nación, presentó ante el Congreso una denuncia constitucional contra Delia Espinoza, a la que acusa de vulnerar derechos fundamentales y de incurrir en delitos de función. En el documento, la exfiscal solicita la inhabilitación de Espinoza por diez años para ejercer cualquier cargo público.
Según el escrito, Espinoza habría ejercido abuso de autoridad y prevaricato en resoluciones cuyo objetivo, sostiene Benavides, fue reincorporarla “con consideraciones que la afectaron públicamente y minaron su honra y presunción de inocencia”. La denuncia señala que Espinoza desobedeció pronunciamientos de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y de la Corte Suprema, además de divulgar información reservada de investigaciones en las que Benavides no figuraba como imputada, sino como una “vinculada”.
Entre los aspectos señalados, la denuncia destaca la supuesta propuesta de designar a Benavides como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) durante pleno proceso electoral, lo que, según la acusación, carecía de sustento legal.
Benavides también denuncia un trato desigual en comparación con otros fiscales supremos que fueron repuestos en el cargo, como Tomás Gálvez y Azucena Solari, quienes, afirma, no recibieron observaciones similares.
La acusación desglosa cinco hechos principales:
Divulgación pública de mecanismos de defensa: Espinoza habría revelado en la resolución los recursos que Benavides presentó para cuestionar su destitución, con la intención de denigrarla.
Crítica a la Junta Nacional de Justicia (JNJ): se cuestiona la validez de la Resolución N.° 231-2025-JNJ, que ordenó la reincorporación de Benavides, calificada como irregular.
Revelación del secreto de investigaciones: se habrían divulgado datos de hasta doce carpetas fiscales en las que Benavides no figuraba como imputada, presuntamente vulnerando el artículo 324 del Código Procesal Penal.
Propuesta ante el JNE: Espinoza habría propuesto que Benavides fuera representante del Ministerio Público en pleno proceso electoral, acción que la denunciante considera contraria a la Ley Orgánica del JNE.
Asignación de despacho de forma discriminatoria: se habría otorgado el Segundo Despacho Supremo Penal con trato distinto al de otros fiscales supremos repuestos.
La denuncia cita presuntas infracciones a los artículos 2, 38, 154 y 159 de la Constitución, en relación con derechos fundamentales y funciones de los órganos constitucionales. También se mencionan abuso de autoridad (art. 376 del Código Penal) y prevaricato (art. 418).
Con base en estos argumentos, Benavides sostiene que Espinoza excedió sus atribuciones y vulneró principios del debido proceso, lo que, en su lectura, justificaría medidas políticas y penales.
Delitos imputados: abuso de autoridad y prevaricato
Abuso de autoridad (art. 376 CP): supuesta emisión de una resolución con información personal inexacta, arbitraria y motivada por intereses personales.
Prevaricato (art. 418 CP): emisión de una resolución contraria al texto de la ley, con la supuesta inclusión de hechos falsos como “graves investigaciones” contra Benavides.
La denuncia plantea violaciones a artículos de la Constitución vinculados a igualdad ante la ley, honor, derecho al trabajo y presunción de inocencia (art. 2); y a las competencias de la JNJ (art. 154) y del Ministerio Público (art. 159). Se solicita al Parlamento habilitar un antejuicio político para llevar el caso a la Corte Suprema y realizar un juicio político que derive en la inhabilitación por diez años en la función pública. Además, se subraya la necesidad de un control constitucional sobre las actuaciones del Ministerio Público, haciendo referencia a precedentes del Tribunal Constitucional que limitan discrecionalidades arbitrarias.
Benavides solicita al Parlamento tramitar la denuncia constitucional, habilitar un antejuicio y juicio político contra Delia Espinoza, y remitir el caso a la Corte Suprema de Justicia. En su requerimiento, demanda la inhabilitación de Espinoza por 10 años.
Si la denuncia prospera, corresponde a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales evaluar los cargos y determinar las siguientes etapas del procedimiento.
