Partidos con firmas falsificadas participarán en las elecciones 2026, pese a las irregularidades.

La sombra del fraude electoral parece extenderse aún más en el proceso político peruano, ya que diversas organizaciones partidarias con evidentes irregularidades en sus afiliaciones confirman su participación en las próximas elecciones generales de 2026. Aunque miles de firmas falsificadas y afiliaciones irregulares fueron detectadas por los órganos electorales, estas no parecen ser un obstáculo insuperable para que estas agrupaciones compitan en los comicios del próximo año. La situación ha generado críticas y un fuerte llamado a la acción desde diferentes sectores de la política y la sociedad civil, que demandan una intervención más contundente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Uno de los casos más emblemáticos es el de Perú Primero, el partido del inhabilitado expresidente Martín Vizcarra. De acuerdo con los reportes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), esta agrupación cuenta con 5,117 afiliaciones que han sido declaradas inválidas. Sin embargo, a pesar de esto, su participación en las elecciones resulta casi inevitable, dado que los plazos legales ya se han agotado para proceder con su nulidad. Lo mismo sucede con otros partidos como Primero la Gente, de Marisol Pérez Tello, con 5,428 firmas no válidas, así como Perú Moderno, PRIN, Demócrata Verde y Voces del Pueblo, de Guillermo Bermejo. En total, estas seis organizaciones representan más de 50 mil registros observados, muchos de los cuales aún no han sido suscetados legalmente.

El punto central en esta controversia radica en el límite temporal que impone la Ley del Procedimiento Administrativo General, específicamente en su artículo 10, que autoriza al órgano electoral a cancelar de oficio una inscripción si se detectan irregularidades graves, dentro de un plazo de dos años desde el registro inicial. Sin embargo, en la práctica, este plazo ya se venció en muchos casos, pues el juicio de la inscripción se producía hace uno o dos años atrás, y ello impide, legalmente, tomar medidas posteriores aunque se evidencie un fraude.

Al respecto, José Tello, especialista en asuntos electorales, señala que “lo que se va a generar es que los dichos sean tomados como medios probatorios, lo cual resulta bastante surrealista. No podemos quitar la inscripción solo por dichos, porque eso atenta contra derechos fundamentales.” El experto explica que para justificar la nulidad, sería necesario realizar pericias grafotécnicas, un proceso que requiere tiempo y recursos, que no están disponibles dada la cercanía de las elecciones. “La elección se va a realizar con todos estos partidos presentes, aunque hayan incurrido en irregularidades,” advierte Tello.

Asimismo, el procedimiento administrativo llevado a cabo en su momento fue considerado adecuado por las autoridades, pues en todo momento tanto Reniec como el propio JNE aseguraron que las inscripciones estaban en orden, antes de que se conocieran las irregularidades relacionadas con las firmas falsificadas. “El problema es que el JNE no tiene la valoración adecuada para emitir una nulidad y, para ello, tendría que hacer una revisión exhaustiva, con pruebas y pericias que, técnicamente, no se pueden realizar en menos de un año,” explica el experto.

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También se contempla la vía judicial como un camino posible para lograr la anulación de estas inscripciones fraudulentas. Cualquier ciudadano puede presentar una demanda de nulidad ante los tribunales de justicia, dado que se trata de un tema de derecho público. Sin embargo, como apunta Tello, esto tampoco detiene la participación de estos partidos en las elecciones. “Es importante garantizar el derecho de defensa, pero la realidad es que el proceso judicial también requiere tiempo y pruebas, y en este momento nada de eso puede lograrse a tiempo,” afirma.

En una reciente audiencia en el Congreso, el presidente del JNE, Roberto Burneo, reconoció que el marco normativo vigente impide aplicar sanciones inmediatas a los partidos inscriptos con firmas fraudulentas, especialmente cuando ya están en campaña. Frente a esta limitación, el ente electoral ha presentado diversos proyectos de ley para permitir la nulidad de inscripciones por irregularidades detectadas después de la inscripción, pero estas leyes aún no tienen efecto retroactivo, por lo que no podrán aplicarse a los casos ya en curso. La propuesta, por ahora, solo busca fortalecer la legislación y dotar de mayores mecanismos preventivos y sancionadores en el futuro.

Mientras tanto, la falta de acciones inmediatas genera inquietud en distintos sectores, y abre la puerta a una posible participación de partidos tramposos en un proceso electoral que, además, comienza a definirse en medio de tensiones y controversias.