Paro de buses en Lima deja largas filas y mayores costos en rutas informales

Caos en Lima por paro de transportistas: la capital enfrenta un golpe significativo en el norte y este, mientras persisten interrogantes sobre la seguridad y la capacidad estatal para responder al crimen organizado

El paro convocado este jueves por gremios de transporte público en Lima dejó una huella marcada en la dinámica diaria de la ciudad y el Callao. Millares de usuarios se encontraron con una realidad de espera prolongada, trayectos más largos y, en varios casos, costos adicionales cuando recurrieron a transportes informales para poder asistir a sus labores. En zonas del norte y del este, la paralización mostró su mayor intensidad, mientras que en otros sectores la actividad se mantuvo con mayor fluidez.

Los transportistas advierten que las extorsiones de mafias y sicarios han escalado a niveles que, según ellos, “ponen en riesgo la vida de los conductores y la continuidad del servicio”. En ese marco, solicitan al Gobierno medidas concretas y operativas para garantizar la seguridad de los trabajadores del sector y de los usuarios.

Por momentos, el impacto fue desigual. En distritos como San Juan de Lurigancho, Rímac y Puente Piedra, la reducción de ambulancias y buses fue evidente, y la gente se vio obligada a buscar alternativas para no perder sus empleos. En contraste, zonas del Cercado de Lima y distritos del sur mostraron un funcionamiento relativamente normal, con una circulación de unidades que, si bien reducida, no alcanzó niveles de colapso.

El Callao fue notoriamente afectado: la menor disponibilidad de vehículos se tradujo en esperas más largas para los usuarios y un aumento de la congestión en puntos neurálgicos de la ciudad portuaria.

La respuesta de las autoridades fue visible en el despliegue policial: la Región Policial Lima informó que se dispusieron más de dos mil efectivos para resguardar la seguridad de transportistas y pasajeros, mientras se trabajaba para evitar incidentes de mayor gravedad. El jefe de la Región Policial Lima, general Enrique Monroy, enfatizó que, en el balance inicial, “no hay reportes de mayores incidentes” y que la presencia de personal policial se mantendrá en puntos sensibles.

Desde el ámbito gubernamental, el Ministerio de Trabajo indicó que se recomienda a las empresas priorizar el teletrabajo y concedió una tolerancia de dos horas en la llegada de los trabajadores presenciales. De igual modo, subrayó que ningún retraso se considerará tardanza injustificada, como reconocimiento de la realidad de las rutas y las condiciones de operación que se presentan durante este tipo de convocatorias.

El Ministerio de Transportes, por su parte, adoptó una postura de cautela en sus primeras declaraciones: el Ministro César Sandoval afirmó que, en su evaluación inicial, “el servicio es normal” y que “no hay paro”. Sin embargo, las imágenes de paraderos con colas extensas y usuarios esperando por más de una hora en rutas del norte contradecían esa versión y mantuvieron en alerta a la población.

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En distintos distritos de la ciudad, el pulso del paro se vivió con matices: Los Olivos y zonas del sur mostraron un panorama más estable, con paraderos relativamente tranquilos y una circulación de unidades con un ritmo razonable. San Juan de Miraflores, en cambio, reportó un flujo de buses más alto y una mayor capacidad de abordaje para los pasajeros.

El contraste entre zonas operando con normalidad y otras en estado de escasez dejó una imagen fragmentada: Puente Piedra, Huaycán, San Juan de Lurigancho y Puente Nuevo figuran entre las áreas con mayores reportes de filas largas y menor disponibilidad de unidades; en el Cercado y en distritos del sur, la operación mostró resiliencia relativa.

La jornada ocurrió paralelamente a la movilización convocada por la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), que desde la tarde programó concentraciones en la Plaza Dos de Mayo, en el corazón histórico de Lima. Este cruce de protestas subraya la tensión entre la fragilidad del transporte público y la presión que ejerce el crimen organizado sobre la vida cotidiana de la ciudad.