Pareja de El Monstruo: niega ser pieza clave y acusa a un alto mando de sembrar pruebas

La sala de audiencias se convirtió en un tablero de revelaciones y confrontaciones que exigió paciencia y atención a cada palabra. Liseth Ruiz Cruz, conocida en el ámbito delictivo como “La Patrona” y pareja de Erick Moreno Hernández, alias “El Monstruo”, participó este martes en una sesión que dejó al descubierto más dudas que certezas para el Ministerio Público y para la defensa.

Según la Fiscalía, Ruiz Cruz forma parte de la estructura financiera de la agrupación criminal Los Injertos del Cono Norte, una red acusada de secuestros, extorsiones y amenazas en Lima Norte, acumulando, al menos, según las estimaciones trazadas en la investigación, más de cinco millones de soles. En la audiencia, el juez Roberth Rimachi dictó 36 meses de prisión preventiva en su contra, mientras la defensa sostiene que su vínculo con la organización era, a su juicio, sentimental y no operativo.

“Soy inocente; hay un video que acusa que secuestro, extorsiono, y que planifico actos de extorsión, pero yo no he sido parte activa”, afirmó Ruiz Cruz desde el estrado, con una voz que trató de mantener la calma frente a las miradas de los presentes. “Mi único error es ser oyente y no tener el valor de ir a denunciar al padre de mi hija, que está en investigación como presunto líder”, añadió, en un pasaje que apuntó directo a la compleja red de jerarquías y lealtades que, según la Fiscalía, sostendrían la organización.

La atención de la sala se centró también en un capítulo que involucró al coronel Franco Moreno Panta, a cargo de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones. Ruiz Cruz sostuvo que el oficial habría sembrado pruebas en procesos contra sus hermanos, una acusación que generó un clima de tensión entre las defensas y los representantes judiciales. “El señor que investigó a mis hermanos les sembró droga, municiones y armamento. Los humilló”, aseguró, en un pasaje que generó intercambios de réplica entre las partes.

Otro eje de la declaración giró en torno a la detención de Grace Bado Neyra, una tiktoker vinculada a la red y cuya captura fue objeto de revisión durante la audiencia. Ruiz Cruz cuestionó la forma en que se manejó la investigación: “¿Qué pasó con el dinero de Grace que estaba en su cuenta? ¿Por qué presentar dinero recogido en un departamento y no en la cuenta?”, interrogantes que buscan desentrañar supuestas inconsistencias en las versiones oficiales.

La intervención de Ruiz Cruz en Bolivia, relatada a lo largo de la sesión, añadió un componente de complejidad al caso. Afirmó que fue sorprendida por agentes cuando viajaba con su hija, recordando el momento en que, dijo, entraron “de frente” y preguntaron por la ubicación del padre de su hija. “¿Acaso hallaron al padre de mi hija? No lo hallaron, señor magistrado”, sostuvo, insinuando que, pese a las detenciones, algunos objetivos relevantes podrían haber quedado fuera de la acción.

Para el Ministerio Público, las declaraciones de Ruiz Cruz no bastan para desvirtuar el cargo de organización criminal que pesa sobre la red. Las pesquisas señalan que ella estaba al frente de la logística y de la redacción de mensajes de extorsión a nombre de Los Destructores del Cono Norte, funciones que, según la fiscalía, complementaban el accionar delictivo de la banda. En registros de audio difundidos en el expediente, se escuchan mensajes de El Monstruo dirigidos a comerciantes y empresarios, entre otros blancos, con expresiones de violencia y coacciones.

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El caso continúa en una fase en la que se buscan pruebas que establezcan con mayor claridad la participación de cada uno de los involucrados y la cadena de mando dentro de la estructura criminal. Las próximas audiencias serán determinantes para entender si hay responsables adicionales y cuánto peso tendrán las declaraciones de Ruiz Cruz frente a las evidencias recogidas por la fiscalía.

En medio de las declaraciones y las contrapruebas, la sociedad observa con atención. Este proceso no solo definirá el futuro de un conjunto de personas vinculadas a una red de crimen organizado, sino que también podría traer consigo respuestas sobre posibles irregularidades en las investigaciones y la forma en que se manejan los casos de secuestro y extorsión en la región.