Otárola enfrentará al Congreso por beneficiarse con contrato de su expareja Yaziré Pinedo
- owenvalencia20
- hace 9 horas
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En una señal clara de que ningún acto queda impune, el exministro de Defensa y expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se prepara para comparecer ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República. El objetivo será dar sus descargos respecto a una denuncia en su contra que lo acusa de haber aprovechado su cargo para influir en la contratación de su entonces pareja sentimental, Yaziré Pinedo Vásquez, a través de órdenes de servicio por un monto de S/53,000.
La denuncia, que ha sido considerada procedente por la Comisión Permanente, sostiene que Otárola, en su función como primer ministro, habría utilizado su autoridad para beneficios personales, específicamente en la contratación de Pinedo Vásquez. La denuncia también lo involucra en presuntos delitos de colusión, peculado de uso, negociación incompatible y tráfico de influencias. La Subcomisión, dirigida por el legislador José Jerí, está encargada de recopilar toda la información relevante y determinar los hechos, proceso que puede tomar varias semanas o incluso meses, según explicó el congresista.
El legislador de Somos Perú detalló que ya solicitaron a la presidencia del subgrupo “todos los actuados y documentación del caso” para analizar en profundidad estos hechos. Posteriormente, se convocará a Otárola a declarar formalmente y a presentar sus descargos, además de citar a otros testigos, entre ellos Yaziré Pinedo y funcionarios del sector Defensa, que podrían aportar información valiosa en la investigación.
La situación genera expectación en el ámbito político, especialmente en momentos en que el Congreso busca esclarecer casos relacionados con el uso indebido de funciones públicas. La decisión de avanzar en el proceso de acusación constitucional contra Otárola marca un capítulo más en la lucha contra la corrupción y la influencia indebida en la administración pública. La fecha para la comparecencia aún no ha sido fijada, pero el proceso continúa en marcha, con una resolución final que se espera en el futuro cercano, pese a que los plazos reglamentarios del Legislativo permiten una extensión.
Este caso pone en evidencia la importancia de transparentar las acciones de quienes ocupan cargos públicos y recordar que, en el Estado de Derecho, nadie está por encima de la ley, independientemente de su posición o cercanía.
