Nuevo reglamento oficializa traspaso de permisos mineros por sucesión, ¿facilita la informalidad?

El gobierno de Dina Boluarte dio un paso más en la regulación de la sector minero con la aprobación del nuevo reglamento de la Ley N° 32213, mediante el Decreto Supremo N° 009-2025-EM, publicado este domingo en El Peruano. La medida, que afecta directamente a la formalización de la pequeña minería y la minería artesanal, introduce cambios en los procedimientos de inscripción y establece nuevas disposiciones, como la posibilidad de que la inscripción en el Registro Integral de Formalización Minera (ReINFO) sea transferida por herencia.

Este reglamento, que consta de tres capítulos, 12 artículos y varias disposiciones complementarias, busca consolidar el rol rector del Ministerio de Energía y Minas (Minem) en la regulación y coordinación del sector, asegurando que no haya superposiciones con otras instituciones públicas. Sin embargo, entre los puntos que generan controversia se encuentra la inclusión de una disposición que permite el traslado de la titularidad del ReINFO en casos de fallecimiento del minero, siempre que la sucesión esté inscrita en los registros públicos.

“Se puede solicitar la modificación de la titularidad de la inscripción del ReINFO por sucesión, cuando fallece el minero informal titular. La sucesión debe estar inscrita en los registros públicos”, se lee en el documento. En caso de que haya varios herederos, la norma indica que la solicitud debe realizarse mediante una persona jurídica conformada únicamente por estos, con el fin de designar un responsable único de los impactos ambientales y sociales derivados de la actividad minera.

Esta disposición, que ha despertado críticas, ha sido interpretada por algunos actores como un elemento que podría facilitar que la informalidad se herede y perpetúe, en un contexto en el que muchos organismos y expertos advierten sobre el aumento de actividades ilegales bajo la fachada de formalización. Rafael Belaunde, exministro de Energía y Minas, afirmó que "el Ejecutivo y sus socios congresales están empoderando cada día más a las economías ilegales, en detrimento de la seguridad ciudadana y el Estado de derecho". Para él, esto representa un riesgo para la lucha contra la minería informal y sus impactos.

Por otro lado, el integrante del Congreso, Wilson Soto (Acción Popular), cuestionó duramente la medida, señalando que “convertir la informalidad en un derecho familiar es inaceptable y pareciera un premio”. Además, expresó su rechazo a que el ReINFO sea heredable, ya que esto puede generar una débil protección frente a las actividades ilícitas.

Una de las principales innovaciones del reglamento es la creación del Sistema Interoperable de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (SIPMMA), una plataforma tecnológica diseñada para monitorear la trazabilidad de minerales, explosivos, insumos químicos y productos fiscalizados. La herramienta, que será administrada por la Dirección General de Formalización Minera del Minem, facilitará la supervisión en tiempo real, permitiendo también que las autoridades, los titulares mineros y el público tengan diferentes niveles de acceso a la información.

Asimismo, la normativa establece que los trámites administrativos del proceso de formalización serán gestionados por el Minem, pero con la posibilidad de que los gobiernos regionales colaboren mediante convenios específicos, previa evaluación y habilitación presupuestal. Además, se implementará una Ventanilla Única que busca agilizar y simplificar todos los procedimientos necesarios para que los mineros informales puedan regularizarse y obtener sus permisos de manera efectiva y rápida.

Por último, el Minem divulgará en su plataforma digital la lista de quienes hayan concluido exitosamente el proceso de formalización, indicando claramente los nombres y las resoluciones que acreditan su cumplimiento, promoviendo así mayor transparencia en el proceso.

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Este avance llega en medio de un escenario complejo y polémico. La ley N° 32213, promulgada en diciembre pasado sin observaciones por la presidenta Boluarte, extendió la vigencia del ReINFO hasta junio de 2025, con una posible prorrogación de seis meses. La decisión se tomó pese a las críticas de diversos sectores y organismos internacionales que alertan sobre su papel en el incremento de actividades ilícitas y la impunidad en el sector minero.

El relator especial de la ONU sobre Sustancias Tóxicas y Derechos Humanos, Marcos Orellana, advirtió en esa misma línea, señalando que el ReINFO “genera desprotección de derechos, fomenta la impunidad y facilita el crimen organizado”, además de cuestionar el uso del mercurio en estas actividades y la exención de responsabilidad penal. La continuidad del mecanismo ha sido motivo de debates acalorados, con distintas voces poniendo en duda la efectividad y la transparencia de su implementación.

La autoridad minera asegura que este nuevo reglamento será clave para garantizar un proceso más estructurado y controlado, pero sectores críticos temen que siga siendo un instrumento para la perpetuación de actividades ilegales bajo el disfraz de formalidad, con graves consecuencias para la seguridad, el medioambiente y el desarrollo sostenible del sector minero en el país.