Nuevo caso contra Guillermo Bermejo por presuntos vínculos con Sendero Luminoso.

La audiencia judicial que podría marcar un antes y un después en la política peruana ha quedado en pausa, pero las acusaciones en contra del congresista Guillermo Bermejo, del bloque Juntos por el Perú – Voces del Pueblo, continúan generando polémica y atención. La fiscal Rosa Díaz presentó durante la sesión virtual una serie de evidencias que, según ella, vinculan al legislador con Sendero Luminoso, organización considerada terrorista por el Estado peruano.

De acuerdo con la fiscal Díaz, Bermejo habría viajado en varias ocasiones a los campamentos de la agrupación en la zona del Vraem, específicamente en Huachinapata (Junín), entre 2008 y los primeros meses de 2009. La funcionaria sostuvo que el congresista se reunió en esas instalaciones con algunos cabecillas de la organización, como Víctor y Jorge Quispe Palomino, alias “José” y “Raúl,” quienes supuestamente le entregaron un USB con documentos internos de Sendero Luminoso. La fiscal explicó que en estos encuentros, Bermejo recibió adoctrinamiento político y entrenamiento en el uso de armas, lo cual forma parte de las acusaciones por afiliación a organización terrorista.

La acusación también señala que Bermejo, conocido en su entorno como “Che,” buscaba establecer conexiones con organizaciones terroristas internacionales para conocer su lucha armada y estrategias, en un intento de, según la fiscalía, fortalecer su influencia y conocimiento en ese ámbito. Para sustentar esta tesis, se presentó un testimonio protegido en el que un testigo afirmó que el congresista visitó Ayacucho en el 2009 para encontrarse con otros sentenciados por pertenecer a Sendero Luminoso, como Walther Minaya Romero y Ulcer Pillpa Paitán.

La fiscal Díaz también detalló que el viaje del legislador estuvo acompañado en varias ocasiones por miembros que ya habían sido sentenciados por terrorismo — Wilder Satalaya Pagueño, Sergio Gonzáles Apaza y Richard Hermenegildo Laurencio del Valle —, quienes, según la acusación, fueron responsables de facilitarle información y entrenamiento. La fiscal resaltó que estos hechos demuestran un patrón de colaboración que justificaría la imputación de afiliación a organización terrorista.

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Tras la exposición de los hechos, el juez Juan Carlos Santillán tomó la decisión de suspender la audiencia hasta el próximo 25 de julio, a fin de analizar más evidencia y limitarse a los argumentos presentados en esta sesión. El proceso judicial sigue en marcha y mantiene en vilo a la opinión pública, que espera una resolución definitiva en un caso que ha despertado fuertes reacciones políticas y sociales.