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Nuevas normas para asegurar la competencia en Chancay

  • owenvalencia20
  • 16 abr
  • 2 Min. de lectura

Recientemente, el puerto de Chancay ha estado en el centro de un debate sobre la regulación de sus servicios. A raíz de un informe del Indecopi, se ha evidenciado que las condiciones de competencia en el manejo de naves portacontenedoras y carga en contenedores requieren atención. Este análisis fue compartido con la Autoridad Portuaria Nacional (APN) el pasado 10 de abril, y marca un paso crucial hacia la creación de un régimen tarifario necesario para garantizar un entorno de competencia justa.


El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) ha comunicado que la APN tiene hasta el 24 de julio de 2025 para presentar su propuesta de tarifas. Tras esta entrega, Ositran tendrá 90 días hábiles para elaborar y hacer pública su propuesta, asegurando que todos los actores involucrados estén al tanto de las decisiones que se tomen.


El investigador Omar Narrea, del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico de la Universidad del Pacífico, advierte que si se sigue la tendencia actual, algunos servicios prestados por Cosco Shipping Chancay podrían no enfrentar competencia, lo que podría llevar a la necesidad de una regulación. Narrea subraya que establecer un tope a las tarifas es una medida que podría ser indispensable para fomentar un clima de competencia saludable.


En este contexto, la intervención del Gobierno es crítica. Narrea enfatiza que, para potenciar la competitividad del puerto, es fundamental que se tomen decisiones políticas que impulsen los proyectos de inversión previamente identificados.


Cynthia Sanborn, también del Centro de Estudios sobre China y Asia-Pacífico, destaca que la inminente contienda electoral podría congelar el avance de estos proyectos. “El Gobierno tiene que decidir para complementar la participación del sector privado. Los proyectos están identificados; el problema radica en la falta de decisión. Los funcionarios públicos deben tener la capacidad de actuar, pero la intervención de la Contraloría genera temor”, expresó Sanborn. Su preocupación es clara: si se retrasa la toma de decisiones hasta después de las elecciones, la ansiedad de los funcionarios podría incrementar y frenar el progreso necesario en el puerto.


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Con estas opiniones, queda claro que la regulación de los servicios portuarios es un tema urgente que requiere atención no solo por parte de las entidades reguladoras, sino también de los responsables políticos, quienes deben priorizar la competitividad del puerto de Chancay en beneficio del desarrollo económico del país.

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