Noemí Chavesta Wong directora del MTC destituida por cobros indebidos.

En un giro alarmante de los acontecimientos, Noemí Meyling Chavesta Wong, quien ocupaba el cargo de directora de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción (OILCO) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), ha sido destituida tras ser acusada de actos de corrupción. La decisión del Tribunal de Servicio Civil se basa en evidencias que indican que la funcionaria exigía pagos mensuales a sus empleados para la renovación de contratos, lo cual contradice su rol en la promoción de la transparencia y la integridad en el sector público.

Las acusaciones surgieron en junio de 2022, cuando un denunciante presentó un reclamo ante la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios (STPAD). Este informe reveló que Chavesta Wong habría solicitado sumas de hasta S/2.000 mensuales, así como aportes adicionales de S/500 para actividades internas, como la adquisición de canastas para el Día de la Madre. El entorno laboral dentro de su oficina estaba caracterizado por un ambiente hostil, con reportes de gritos y un abuso sistemático de poder por parte de la directora.

Los trabajadores afectados relataron cómo Chavesta Wong justificaba sus exigencias económicas, argumentando que había "luchado políticamente" para asegurar sus puestos de trabajo. Uno de los testimonios destaca: "Aquellos que no 'apoyaban' económicamente eran considerados 'personas no confiables'". Esta intimidación se vio complementada con exceso de memorandos y amenazas implícitas que generaron un clima de miedo y coacción.

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El Tribunal evaluó la coherencia y solidez de los testimonios presentados, así como la documentación que incluía mensajes de WhatsApp y recibos, confirmando las prácticas corruptas de la funcionaria. En uno de los mensajes, Chavesta Wong expresaba su decepción hacia ciertos empleados, sugiriendo que su permanencia en los puestos dependía de su compromiso financiero.

Noemí Chavesta intentó apelar su destitución, alegando violaciones a su derecho de defensa y a su principio de inocencia. Sin embargo, el Tribunal desestimó sus argumentos, reafirmando que el proceso cumplió con lo estipulado en el Decreto Legislativo 1327, que protege la identidad de los denunciantes.

Este caso no solo cuestiona la integridad de quienes se encuentran en posiciones de liderazgo dentro de las instituciones públicas, sino que también refleja la necesidad urgente de revisar y fortalecer los mecanismos de supervisión y control en la lucha contra la corrupción en el país.