Nicanor Boluarte responde a allanamiento: "La Fiscalía está abusando de su poder"

Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, respondió este miércoles 27 de agosto a las acciones de la Fiscalía que culminaron en un allanamiento en su domicilio ubicado en San Borja, dentro de las investigaciones por presunto favorecimiento a la minera El Dorado. En una breve comparecencia ante la prensa, el abogado señaló que las diligencias constituyen lo que calificó como “un abuso de poder” por parte del Ministerio Público, y agregó que, pese a no ser parte del proceso y carecer de imputaciones en su contra, la intervención policial afectó su vida privada.

“Esto es una evidencia de abuso de poder la Fiscalía como institución. En este caso yo no soy parte del proceso y no tengo ninguna imputación. A pesar de ello, han allanado mi casa sin ninguna explicación. Otra vez comprobamos con la Fiscalía, sale a pesar a ver que encuentra para armar un muñeco y perturbarle la vida a un ciudadano que solo tiene la condición de ser hermano de la presidenta de la República”, afirmó Boluarte, quien también está involucrado en otras investigaciones relacionadas con el caso Los Waykis en la Sombra.

En cuanto a las alegaciones de un presunto “arraigo laboral” que, según la Fiscalía, podría ayudar a evitar una prisión preventiva, Boluarte sostuvo que su desempeño profesional como abogado está fundamentado en expedientes que, dijo, son de carácter privado. “Yo tengo arraigo laboral desde hace muchos años y no necesito de nadie”, enfatizó.

El dirigente negó conocer al ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, y afirmó que desconoce cualquier vínculo con la mina mencionada. “No sé nada ni conozco la mina El Dorado, nunca he hablado nada de ninguna mina. Como abogado y como especialista he tenido que renunciar muchas veces desde que asumió el señor Pedro Castillo como presidente”, subrayó.

Los movimientos en torno al arraigo laboral que, según la acusación fiscal, podría facilitar la defensa de Boluarte, se vinculan a una supuesta gestión de Dina Boluarte para conseguir un respaldo institucional mediante una figura clave. En particular, la acusación señala que Santiváñez tendría la responsabilidad de gestionar ante una institución que certificara un vínculo laboral formal de Nicanor Boluarte con la minera El Dorado, con el objetivo de desviar atención de posibles órdenes de prisión preventiva.

Según la investigación, la empresa minera El Dorado habría sido utilizada, presuntamente, para operacionalizar dicho requerimiento, con la participación de otros actores vinculados a la red de corrupción que rodea al ministro. El empresario Franco Parodi Gianella habría pedido la intervención del entonces ministro del Interior para facilitar la devolución de la empresa, a cambio de una compensación de 160.000 dólares y la demostración de un vínculo laboral de Nicanor Boluarte con la firma citada.

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En su informe, la Fiscalía mantiene que este vínculo laboral habría sido fingido para enfrentar las solicitudes de prisión preventiva presentadas por el Ministerio Público. Por el momento, el Poder Judicial mantuvo, a finales de 2024, una medida de prisión preventiva de 36 meses contra Nicanor Boluarte dentro del caso Los Waykis en la Sombra, en el que se lo acusa de liderar una organización criminal dedicada a nombrar prefectos y subprefectos de manera irregular. Tras la resolución, el hermano de la presidenta permaneció dos meses en la clandestinidad.

Las autoridades no han señalado si el allanamiento de San Borja está directamente vinculado a este último extremo procesal, pero la secuencia de actuaciones ha generado cuestionamientos sobre la coordinación entre asuntos políticos y judiciales en torno a la familia presidencial y sus vínculos institucionales. En este contexto, diversas voces dentro de la esfera pública han pedido prudencia y claridad sobre las motivaciones de las diligencias, así como sobre la cadena de custodia de la evidencia.