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Nicanor Boluarte ante la justicia: audiencia clave para archivar caso “Los Waykis en la Sombra”

  • owenvalencia20
  • hace 4 días
  • 2 Min. de lectura
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El Poder Judicial volverá a evaluar, el 6 de enero de 2026, el pedido de Nicanor Boluarte—hermano de la expresidenta Dina Boluarte—para archivar la imputación por organización criminal en el caso conocido como “Los Waykis en la Sombra”. La audiencia virtual está programada para iniciar a las 9:00 a. m. y estará a cargo del juez Richard Concepción Carhuancho, quien deberá decidir si existen fundamentos suficientes para continuar con la imputación o si corresponde archivar la causa.


La defensa de Boluarte sostiene que los hechos atribuidos por el Ministerio Público no cumplen con los criterios del delito de organización criminal tal como establece la Ley 32108. En su criterio, no habría una estructura compleja ni delitos fines que superen la pena de seis años; por ello, solicitan la desestimación de la imputación. Durante la audiencia, también se escucharán los argumentos de la Fiscalía y de la Procuraduría, que sostienen la acusación y su marco legal.


Esta nueva cita judicial se programa tras la decisión de la Quinta Sala Penal de Apelaciones de anular una resolución anterior, emitida el 31 de julio, en la que Concepción Carhuancho había declarado infundados los recursos de la defensa. Además de la acusación por organización criminal, Boluarte enfrenta investigaciones por presunto cohecho activo genérico y por tráfico de influencias.

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Según la tesis fiscal, “Los Waykis en la Sombra” implicaría una presunta organización criminal que habría reclutado a personas afines para ocupar puestos relevantes en entidades del Estado, incluidas prefecturas y subprefecturas a nivel nacional. El objetivo habría sido recabar fichas de afiliación y aportar económicamente a la inscripción del partido político “Ciudadanos por el Perú” ante el Jurado Nacional de Elecciones. Se plantea que estas acciones habrían facilitado una red de influencia para favorecer ciertos intereses políticos y administrativos.


Analistas jurídicos señalan que la decisión del 6 de enero podría marcar un precedente sobre la interpretación de la Ley 32108 y la prueba necesaria para sostener una acusación por organización criminal en contextos políticos complejos. Para el público, la audiencia promete ser un punto clave en el curso de las investigaciones y en la eventual definición de responsabilidades penales de los implicados.

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