Neutralidad en juego: Congreso podría enfrentar infracción por uso de recursos públicos en acto proselitista

Pacasmayo, 6 de noviembre de 2025 — Un informe de fiscalización del Jurado Electoral Especial (JEE) de Pacasmayo concluye que el uso de equipos del Congreso para cubrir un mitin proselitista de Keiko Fujimori podría haber vulnerado la neutralidad electoral. En el documento, el presidente en funciones del Congreso, Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), y el oficial mayor Giovanni Forno figuran con una cuota de responsabilidad, lo que permite atribuirles una presunta infracción en este punto clave de la vida parlamentaria.

El informe, elaborado por la funcionaria Luz María Chiroque Cruz, detalla que la renuncia de Daniel Luza, el trabajador parlamentario que empleó una cámara de video del Congreso para la cobertura del mitin de la líder naranja, no lo exime de responsabilidad penal. Además, el documento advierte que la situación no extingue una posible infracción administrativa o penal para Rospigliosi y Forno.

“(El presidente del Parlamento tiene el) deber inexcusable de garantizar que los bienes públicos bajo su custodia sean utilizados exclusivamente para los fines propios de la función legislativa”, señala textualmente el informe. En cuanto al oficial mayor, el reporte lo identifica como el “responsable directo” de cautelar los bienes del Primer Poder del Estado, y por ello, con posibles consecuencias si se verifica el uso indebido de recursos públicos.

Tras la publicación de estas conclusiones, la moción de censura presentada por la congresista Ruth Luque (Juntos por el Perú-Bloque Democrático-Voces del Pueblo) ganó visibilidad al sumar firmas de varios colegas. La iniciativa contempla evaluar la continuidad de Rospigliosi al frente de la Mesa Directiva y recuerda compromisos previos de Fuerza Popular respecto a la presidencia del Poder Legislativo.

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Luque afirmó que la renuncia de un trabajador no debe servir como escudo ante responsabilidades políticas: “(El) presidente interino del Congreso pretende no asumir responsabilidades políticas y limpiarse las manos con la supuesta ‘renuncia’ de un trabajador”. En ese sentido, la legisladora subrayó la necesidad de una revisión institucional que vaya más allá de un simple gesto de renuncia.

La noticia llega en medio de un periodo de investigación y fortalecimiento de controles dentro del Congreso, mientras se buscan adhesiones a la moción de censura. Diversos partidos expresaron su postura: algunos respaldan una revisión más amplia de las medidas de control de bienes públicos, otros piden prudencia y evitar polarización. En la práctica, el caso pone en evidencia tensiones entre la gestión parlamentaria y la supervisión electoral, dos frentes que siguen generando controversia en el Congreso y en la opinión pública.