Nakazaki: El fallo del TC crea un “cuello de botella” judicial para Boluarte y otros, a la espera de reformas

La reciente sentencia del Tribunal Constitucional (TC) sobre las investigaciones a presidentes en funciones ha puesto sobre la mesa un debate decisivo para el sistema de justice en el país. En una revisión detallada, el abogado penalista César Nakazaki explicó que la resolución delimita las pesquisas a diligencias que sean urgentes e irreproducibles, trabajando bajo el supuesto de que no deben ejecutarse procesos exhaustivos mientras el mandatario permanezca en el cargo. En entrevista con Canal N, el especialista añadió que, si durante estas diligencias aparece un posible delito, la investigación debe suspenderse hasta el finish de la gestión presidencial.

Este marco, según el análisis de Nakazaki, no significa impunidad para la presidenta Dina Boluarte. Al contrario, abre un periodo de incertidumbre práctica: una vez concluido su mandato, podrían iniciarse o reanudarse numerosos procesos penales vinculados a hechos ocurridos durante su administración, incluyendo las muertes registradas en las protestas. El abogado apuntó que la estimación inicial sitúa el escenario en cuarenta o más investigaciones en curso a corto plazo, lo que dibuja un panorama judicial complejo para la mandataria.

Paralelamente, Nakazaki criticó la decisión por varios frentes. Señaló que el fallo podría otorgar un argumento político para que grupos afines a Pedro Castillo se presenten como víctimas del trato desigual ante la Constitución, al percibirse una aplicación selectiva de las normas. Además, cuestionó que la Corte no haya considerado la responsabilidad penal de ministros por actos del presidente, lo que, en su opinión, limitaría la responsabilidad institucional y el control de poderes.

El especialista subrayó que la vía constitucional para permitir que procesos penales avancen durante la gestión presidencial es la vacancia por incapacidad moral, la cual permitiría continuar con las investigaciones sin sostener al cargo. En su visión, una reforma del artículo 117 de la Constitución sería necesaria para evitar interpretaciones contradictorias en el futuro y para aclarar con mayor precisión cuándo un mandatario puede ser objeto de proceso penal durante su mandato.

En el mismo marco de discusión, el abogado Cubas planteó la necesidad de un cambio constitucional orientado a habilitar la investigación y acusación a un presidente en funciones por actos de corrupción. “La clase política puede plantear que el presidente de la República pueda ser investigado y acusado durante su mandato. En nuestro país, en los últimos 30 años hay elevados índices de corrupción y tenemos a cinco presidentes investigados”, enfatizó.

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La Fiscalía, por su parte, confirmó haber recibido notificación oficial del TC y señaló que, en cumplimiento de la sentencia, suspendió diligencias que ya estaba llevando a cabo contra Boluarte. La retomada de estas pesquisas quedaría sujeta a las condiciones establecidas por el fallo y al término de su mandato, previsto para julio de 2026. Con este giro, el Ministerio Público mantiene una postura crítica respecto a la sentencia, considerando que podría afectar la continuidad de investigaciones relevantes y, por extensión, la rendición de cuentas pública.

El fallo del TC introduce una coyuntura compleja para la gobernabilidad y la responsabilidad penal en el país. Mientras unos ven en la decisión un resguardo necesario para la estabilidad institucional durante el mandato, otros advierten que podría ralentizar la acción de la justicia y abrir brechas para interpretaciones políticas. La discusión continúa, y las reformas constitucionales que se proponen podrían definir con mayor claridad la frontera entre las funciones presidenciales y la posibilidad de accountability durante el ejercicio del poder.