Más de 94 mil internos en cárceles sin espacio
- owenvalencia20
- 6 abr 2025
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El plazo para que el Estado solucione la sobrepoblación carcelaria en Perú está a punto de expirar. En mayo, se cumplirán cinco años desde que el Tribunal Constitucional (TC) dictó una sentencia histórica que exige la adopción de medidas concretas para abordar el hacinamiento extremo en las prisiones del país. Actualmente, más de 94,000 reclusos ocupan espacios diseñados para apenas 41,000, lo que revela un preocupante déficit de 53,892 plazas.
El origen de esta situación se remonta a la denuncia de un recluso del penal de Tacna, que, enfermo, se veía obligado a dormir en el suelo. Con el fallo del TC en mayo de 2020, se estableció que existía "un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y las severas deficiencias en la capacidad de albergue". La corte suprema otorgó un plazo de cinco años para que las autoridades implementaran soluciones efectivas, advirtiendo que las prisiones más sobrepobladas tendrían que cerrarse a nuevos ingresos si no se cumplían las directrices.
La sentencia incluye medidas drásticas como el cierre temporal de establecimientos y el traslado de internos a otras prisiones con capacidad adecuada. "Evidentemente, las sentencias existen para que se cumplan, no para que estén de adorno", enfatizó Marianella Ledesma, expresidenta del TC y ponente del fallo. "Quien está llamado a cumplir es el Ministro de Justicia".
La responsabilidad recae directamente sobre el actual titular del portafolio, Eduardo Arana, quien asumió el cargo en setiembre de 2023. De acuerdo con Ledesma, "el ministro tendría una responsabilidad penal por omitir el cumplimiento de sus funciones".
Ernesto Blume, exmagistrado del TC y firmante de la sentencia, añadió que el incumplimiento de los fallos equivale a desacato, ya que estas decisiones son de obligatorio cumplimiento. "Si no se han adoptado las medidas suficientes, deberán ser cerrados por la autoridad administrativa", advirtió.
La inacción ante esta crisis se produce en un contexto de aumento de la criminalidad en el país, marcado por delitos como la extorsión y el sicariato. La situación en las cárceles añade presión a un sistema ya tenso y plantea serias dudas sobre cómo las autoridades cumplirán con las demandas del TC antes de que se agote el plazo.
