Más de 50,000 mineros podrían perder derechos por aplicación irregular de leyes, advierte Confemin.

En un encuentro que reunió a representantes del sector minero, la Defensoría del Pueblo, el Poder Judicial, y el Ministerio Público en la sede del Palacio de Gobierno, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin) expuso una grave preocupación: el proceso de formalización minera ha sido vulnerado y requiere urgentemente una revisión para garantizar derechos y transparencia.

El presidente de Confemin, Máximo Franco, afirmó que durante la reunión, las autoridades coincidieron en que se ha cometido una infracción al debido proceso en la evaluación y aplicación de normativas mineras. En ese sentido, destacó que la intención del encuentro no fue otro que buscar una solución equitativa y técnica que permita corregir las irregularidades detectadas.

Franco explicó que, tras dos horas de intenso diálogo, se acordó la creación de una subcomisión técnica que será encargada de revisar y ajustar las leyes que, según él, “no deberían haber sido promulgadas” o que se implementaron sin seguir los procedimientos adecuados. Este grupo de trabajo, que será instalado el próximo lunes 21 de julio a las 9 de la mañana bajo la coordinación del Viceministro de Gobernanza, incluirá especialistas técnicos acreditados por Confemin, así como representantes de las entidades involucradas y de los mineros afectados.

El objetivo principal de esta mesa de trabajo será presentar una “solución definitiva” al conflicto, que afectaba a más de 50,000 mineros en proceso de formalización y otros 18,000 que fueron excluidos posteriormente sin sustento técnico, generando una situación de vulneración de derechos. La meta es que los mineros puedan reingresar al Registro de Formalización Minera (REINFO) mediante la presentación de documentación que acredite su proceso, evitando así exclusiones arbitrarias.

Franco puntualizó que, si bien la lucha contra la minería ilegal debe mantenerse, no se pueden aplicar medidas de interdicción contra mineros que cumplen con los requisitos legales y tienen sus permisos en regla. “No podemos permitir que agentes del Estado intervengan en operaciones reconocidas o en posesión del REINFO”, aseguró, insistiendo en la necesidad de establecer un equilibrio legal que dé tranquilidad y certidumbre a los productores.

Publicidad

Por su parte, el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, ratificó la creación de un grupo técnico jurídico con representación de diversos gremios, ministerios y entidades del Estado, con el fin de analizar y proponer cambios normativos que sean respaldados por criterios técnicos y jurídicos sólidos. Indicó que esta instancia no significa un retroceso en la lucha contra la minería ilegal, sino una vía para fortalecer la regulación y garantizar el respeto a los derechos de los mineros en procesos de formalización.

Por último, Franco resaltó que, al reincorporar a los mineros al registro, se facilitará su acceso a beneficios económicos y sociales, además de reducir la informalidad en sectores rurales, sin poner en riesgo los procedimientos ya realizados. La idea central es armonizar la normativa para que sea justa, clara y efectiva, promoviendo un desarrollo minero sustentable y legal.