Más de 300 kilómetros de rutas en Lima en manos de extorsionadores.

A pesar de las medidas de emergencia implementadas en la capital peruana, la extorsión sigue siendo un asunto alarmante que afecta a los transportistas de Lima. Los ataques a conductores de buses, combis y mototaxis son una constante, obligando a muchos a considerar dejar de trabajar por miedo a perder la vida a manos de sicarios. La situación, según sustenta un análisis realizado por El Comercio, revela que las redes de extorsión tienen control sobre 303 kilómetros de rutas de transporte público en la ciudad. Estas áreas, que incluyen las siete rutas más transitadas y rentables, se han convertido en focos de intimidación y violencia sistemática.

Los extorsionadores comienzan su ataque contactando a los gerentes de las empresas de transporte, exigiendo sumas considerables de dinero y amenazando con violencia si no cumplen. En ocasiones, si los directivos intentan evadir estas demandas, los delincuentes desplazan su agresión hacia los choferes, disparando contra sus vehículos o dejando advertencias alarmantes, como cajas con balas. Además, muchos delincuentes se infiltran haciéndose pasar por pasajeros para cobrar los “cupos” diarios a los conductores.

El contexto del transporte urbano en Lima, donde predominan los sistemas de comisiones y el uso efectivo de dinero en efectivo, ha propiciado la proliferación de extorsiones. Expertos como el abogado y analista de transporte Martín Ojeda sugieren que “si se implementara un sistema de recaudo electrónico, la extorsión sería mucho más sencilla de investigar, gracias a la trazabilidad del dinero”.

Recientemente, un incidente violento ocurrido esta semana en San Juan de Lurigancho ejemplificó la gravedad de la situación. Un cobrador de cupos disparó al chofer de una unidad de Etusa. A pesar de la violencia del ataque, la policía, al llegar, sólo detuvo al hijo del conductor que había intentado detener al agresor, lo que deja entrever la falta de acción oportuna por parte de las autoridades.

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Además, un ataque el mes pasado a un bus de “El Chino” en Villa María del Triunfo, llevado a cabo por la banda “Los Injertos del Cono Norte”, refleja cómo los grupos criminales no solo utilizan armas de fuego en sus asaltos, sino que también han comenzado a emplear tácticas como el uso de gases tóxicos para intimidar a los conductores y pasajeros.

Historias similares se multiplican en diversas regiones del país, donde el motor del transporte interprovincial también se ha visto comprometido por atentados relacionados con extorsionistas. En un periodo de dos meses, Ojeda documentó cinco atentados en el tramo de la Carretera Central, que involucran diversas empresas de transporte.

La desesperanza que sienten los transportistas se manifiesta en su renuencia a denunciar los hechos, pues el proceso judicial es percibido como caótico y desorganizado. “No existe un protocolo de denuncia efectivo, lo que desanima a muchos que consideran que no hay apoyo por parte de la policía ni del sistema judicial”, agregó Ojeda.

Ante esta crisis, el presidente de la Federación Nacional de Mototaxistas del Perú, Julio García, ha convocado a una movilización programada para el próximo mes, en un intento por elevar la voz de quienes se sienten desprotegidos y amenazados. Fuente: El Comercio