Ministro Sandoval anuncia denuncia penal contra Vizcarra y 20 funcionarios por deuda estatal.

La Procuraduría del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) adelantó este miércoles que presentará una denuncia penal contra el expresidente Martín Vizcarra, así como contra exfuncionarios y exviceministros de su gestión, en relación con la deuda generada por el arbitraje de la concesión del aeropuerto de Chinchero, conocido como el caso Kuntur Wasi. La autoridad fiscalizadora considera que la responsabilidad recae en un entramado que habría derivado en una obligación para el Estado, de la que deberán responder, en su momento, los responsables.

Durante una conferencia de prensa, el titular del MTC, César Sandoval, dejó claro que, a pesar de que un tribunal en San Diego declaró al Perú en rebeldía por incumplimiento de pago de más de 100 millones de soles, el país no cederá en la persecución de las medidas legales necesarias para exigir responsabilidades. La denuncia penal incluiría a la exviceministra de Transportes, Fiorella Molinelli, y a una veintena de funcionarios que, según Sandoval, estuvieron involucrados en el origen de la deuda.

“Tenemos que pagar, por eso es mi indignación. Y antes de pagar, he tomado la decisión de decirle al Perú que es responsable de esa deuda y empieza por el expresidente Martín Vizcarra, por su exviceministra, y hay una veintena de funcionarios que van a tener que responder por esa deuda que es injusta y que ha sido trabajada y que seguramente los jueces y los fiscales en su momento, en el procedimiento que se tiene que desarrollar, van a encontrar las responsabilidades”, sostuvo el ministro.

Sandoval subrayó que, si bien el Estado podría asumir la totalidad del pago, no retrocederá en exigir responsabilidades y que la justicia debe esclarecer el origen de la deuda. Definió el caso como un “daño tremendo” al aparato estatal, resultado de la corrupción que compromete los intereses nacionales. Agregó que la acción legal busca evitar que se repita este tipo de situaciones y fortalecer la seguridad jurídica frente a futuras concesiones.

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La comunidad política y los actores del sector público monitorizan de cerca este proceso, que podría redefinir criterios de supervisión para proyectos de infraestructura en el país. Mientras tanto, expertos consultados señalan la importancia de distinguir entre responsabilidades políticas y obligaciones legales del Estado, y recuerdan que la defensa de la institucionalidad exige transparencia en cada etapa del proceso.