Ministro Malaver: 21 homicidios más en su mesura comparada con Santiváñez, según Sinadef

En un contexto marcado por discursos oficiales que prometen golpes contundentes contra la criminalidad, las cifras oficiales disponibles durante los primeros meses de la gestión del ministro del Interior, Carlos Malaver, muestran una realidad que contrasta con esas promesas. Un repaso de datos suministrados por el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) revela que los primeros cuatro meses del actual titular del Interior —junio a septiembre de 2025— registran un incremento en homicidios respecto al mismo periodo de la gestión anterior, en la que estuvo a cargo Juan José Santiváñez.

Según el análisis de los datos de Sinadef, entre junio y septiembre de 2025 se contabilizaron 749 homicidios a nivel nacional, frente a 728 registrados en el mismo periodo de 2024 durante la gestión de Santiváñez: 21 muertes más. A esa altura del año, las cifras provisionales indican un total de 1,710 crímenes en Lima y en el resto del país para lo que va de 2025, consolidando una tendencia preocupante que persiste a lo largo de los años recientes.

El marco temporal de la comparación se delimita a los cuatro primeros meses completos de cada administración: Santiváñez asumió el cargo el 16 de mayo de 2024 y dejó el puesto el 24 de marzo de 2025, tras la censura presentada por el Congreso. En el caso de Malaver, su mandato inició el 13 de mayo de 2025, substituyendo a Julio Díaz Zulueta, cesado tras la salida de Santiváñez.

Estas cifras de homicidios se inscriben en un panorama de creciente violencia que, según el análisis del medio, no parece ceder ante las medidas y mensajes oficiales. El año 2024 cerró con 2,082 homicidios a nivel nacional, frente a 1,512 en 2023 y cifras crecientes también en años anteriores, lo que sugiere una dinámica persistente de mayor violencia pese a las declaraciones de “golpes contundentes” contra redes criminales.

Por ahora, autoridades y voceros oficiales mantienen que las acciones emprendidas “arrollan” las estructuras del crimen organizado y destacan operaciones concretas de captura en distintos puntos del territorio. La presidenta Dina Boluarte y el ministro Malaver han subrayado estos logros, a la vez que el discurso oficial insiste en que se está avanzando en la reducción de la criminalidad y en el fortalecimiento de la seguridad ciudadana.

En el plano de los actores sociales y gremios afectados por la violencia criminal, los transportistas urbanos, uno de los sectores más golpeados por la extorsión y por los asesinatos vinculados a esa problemática, continúan buscando respuestas institucionales. En las últimas jornadas se registraron reuniones entre representantes del sector, el Ejecutivo y el Congreso con miras a concertar medidas que alivien la presión sobre el servicio público de transporte y al mismo tiempo fortalezcan la seguridad de los usuarios y trabajadores.

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Entre los acuerdos emergentes se habla de declarar en emergencia el transporte público para poder responder con mayor celeridad a la extorsión y a las incidencias de inseguridad, y de conformar una mesa de trabajo interinstitucional para estudiar reformas normativas y procedimientos de seguridad. También se ha mencionado la necesidad de revisar y reglamentar áreas pendientes de la normativa de seguridad ciudadana, con el objetivo de traducir en acciones concretas las promesas de combate a la criminalidad.

Las cifras, advierten analistas y observadores, no deben leerse como una evaluación definitiva de un solo ministro, sino como un indicador de la situación que enfrenta el país y de la urgencia de responder con políticas públicas eficaces, continuidad en la estrategia y coordinación interinstitucional. En ese marco, la discusión pública continúa centrada en qué medidas pueden traducirse en una reducción real de la violencia y en una mayor seguridad para la población.