Ministro del Interior culpa a bandas extranjeras por aumento de la delincuencia: “Quizás ahora extrañamos a nuestros delincuentes”

El ministro del Interior, Carlos Malaver, generó un ramillete de respuestas controvertidas este lunes al presentar el segundo lote de 1,500 fusiles de asalto destinados a fortalecer la lucha policial contra la criminalidad. En medio de una crisis de seguridad que persiste en varias ciudades, el titular buscó precisar su diagnóstico sobre las causas y dinámicas delictivas, pero sus apreciaciones han provocado nitidez en el debate público.

Durante la ceremonia de entrega, Malaver contextualizó la situación actual señalando una evolución en las formas de crimen en las últimas décadas. Afirmó que, si bien décadas anteriores estuvieron marcadas por fenómenos como el terrorismo de los setenta y ochenta o los secuestros y asaltos de los noventa, la realidad contemporánea, según su lectura, se ve agravada por la presencia de “organizaciones delictivas extranjeras” que han llegado al país y que, en su parecer, han intensificado la violencia y la criminalidad de forma exponencial.

Sus declaraciones destacaron que la problemática no se limita a un fenómeno local, sino que, según sus palabras, la migración irregular ha contribuido a crear una espiral de violencia y crimen. En repetidas ocasiones, el ministro afirmó: “los problemas se han agudizado mucho más por la presencia de la migración extranjera”, y añadió que, si bien no pretende descalificar a nadie por su origen, sí considera que una parte de la criminalidad más violenta proviene de actores que operan desde fuera de nuestras fronteras.

En otro pasaje, Malaver cayó en una frase que provocó especial repercusión: “quizás ahora en la actualidad extrañamos a nuestros delincuentes. Ahora primero te disparan o te matan, para después quitarte tu patrimonio”. Sus palabras fueron recibidas con cautela por analistas, políticos y representantes de organizaciones civiles, que recuerdan la necesidad de evitar generalizaciones que estigmaticen a comunidades enteras.

La intervención del ministro llega en medio de indicadores que reflejan la percepción ciudadana y la incidencia delictiva. Según el informe de Estadística de Seguridad Ciudadana, un porcentaje significativo de la población urbana mayor de 15 años reportó haber sido víctima de un delito entre febrero y julio de este año, y la sensación de inseguridad es alta entre los encuestados. Las cifras también muestran una prevalencia de hechos vinculados a armas de fuego y armas blancas, así como un crecimiento de la población penitenciaria de extranjeros, en particular de nacionalidad venezolana, una tendencia que el propio ministro citó para justificar su visión sobre la complejidad del fenómeno.

El ministro indicó que responderá ante el Congreso en la interpelación planificada para el jueves 11 por el Pleno, donde deberá contestar 22 preguntas relacionadas con el aumento de la criminalidad, robos, asesinatos y otros ilícitos. “Yo doy las explicaciones del caso y será el Supremo Congreso quien tendrá que decidir”, afirmó.

La polémica declaración ha avivado el debate sobre cómo distinguir entre delincuencia y migración, y cómo equilibrar las medidas de seguridad con el respeto a los derechos de todos los residentes. Expertos y representantes de la sociedad civil llamaron a una discusión basada en datos, evitando generalizaciones que puedan estigmatizar a comunidades enteras, y a una estrategia integral que combine endurecimiento de la seguridad con políticas de inclusión y oportunidades para reducir la vulnerabilidad social que alimenta la delincuencia.

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En el marco de la política de seguridad, la entrega de material bélico para la Policía forma parte de un plan más amplio para reforzar capacidades operativas. Sin embargo, la atención mediática y pública se ha centrado en las declaraciones del ministro, que podrían influir en el clima político y social durante las próximas semanas, especialmente en un periodo de interpelación ante el Congreso.

Esta semana, varios actores sociales esperan claridad sobre las causas de la criminalidad y las responsabilidades políticas, así como medidas concretas para mitigar el impacto en las comunidades urbanas. Mientras tanto, la discusión continúa, con la promesa de que la seguridad ciudadana seguirá siendo un tema prioritario en la agenda pública y en las decisiones institucionales.