Ministro César Quispe afirma que la delincuencia será derrotada

En un claro giro de su discurso frente a los desafíos de seguridad que atraviesa el país, el ministro de la Producción, César Quispe, sostuvo que el gobierno de José Jerí está implementando un conjunto de medidas extraordinarias para frenar la ola de criminalidad que viene afectando al país. En declaraciones concedidas a Canal N, Quispe subrayó la idea de que la respuesta oficial no será esporádica, sino un esfuerzo constante y coordinado entre el Ejecutivo y los otros niveles de gobierno.

“Somos un gobierno que está en constante aplicación de las medidas que se han aplicado; es un estado de emergencia diferente en el que el presidente de la República lidera personalmente. Los ministros también estamos acompañando, ya que este es un trabajo en equipo, no solo del Ejecutivo, sino de los tres niveles de gobierno, el Poder Judicial y de la ciudadanía”, afirmó el canciller de la producción.

Desde su asunción como presidente interino tras la vacancia de Dina Boluarte, José Jerí ha enfatizado que el combate a la criminalidad será una prioridad estructural de su gestión. En este marco, el Ejecutivo ha desplegado una batería de acciones, entre ellas la declaración de estado de emergencia en Lima y Callao y la realización de operativos en penales para desarticular redes de extorsión y violencia.

Quispe expresó optimismo respecto al curso de las medidas implementadas, que buscan no solo contener la criminalidad sino disminuirla de manera sostenida. “Este es un trabajo diario; no nos va a derrotar la delincuencia”, añadió, enfatizando que el objetivo es reducir la incidencia de acciones violentas como el sicariato y la extorsión.

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La declaración de emergencia en zonas críticas habilita, según las autoridades, un marco operativo más austero y una mayor capacidad de respuesta de las instituciones. En paralelo, los arrestos y las intervenciones dentro de los penales buscan cortar vías de acceso a redes criminales y prevenir intentos de perpetuar delitos desde la prisión.

Analistas consultados por este medio señalan que la clave de la estrategia reside en la coordinación interinstitucional y en el uso de facultades extraordinarias para reducir la impunidad. Sin embargo, advierten que la efectividad dependerá de la continuidad de las medidas, la transparencia en su aplicación y la capacidad institucional para sostener el esfuerzo más allá de gestiones de gobierno.