Ministerio Público tendrá acceso a llamadas de prisiones, anuncia Tomás Gálvez para frenar el crimen

En una medida de gran repercusión para la seguridad y la investigación criminal, el fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, anunció que el Ministerio Público contará con acceso a la información de las llamadas realizadas desde los centros penitenciarios. Esta iniciativa, detallada en una conferencia de prensa esta mañana, busca fortalecer las investigaciones de delitos complejos que suelen coordinarse desde el interior de las cárceles, como la extorsión y el sicariato.

Gálvez subrayó que, durante años, las comunicaciones internas han funcionado como un canal clave para la operación de organizaciones criminales, pero no siempre se ha podido aprovechar el flujo de información de manera eficiente. “Se perdía la mejor oportunidad para identificar, investigar y sancionar a los miembros de las organizaciones criminales”, afirmó, enfatizando la necesidad de herramientas que permitan una acción coordinada entre distintas entidades del Estado.

Según el fiscal, el convenio suscrito con el Ministerio de Justicia permitirá al Ministerio Público coordinar el uso de esta información con otras instancias del Ejecutivo, creando un aparato más ágil y eficaz para desarticular redes criminales que operan desde las cárceles. La medida contempla salvaguardas y controles para evitar abusos y proteger derechos fundamentales, con mecanismos de supervisión y auditoría que garanticen la legalidad y la proporcionalidad en el manejo de datos.

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Expertos consultados por esta nota señalan que el movimiento podría acelerar la identificación de cabecillas y la recopilación de pruebas, pero advierten sobre la necesidad de un marco normativo sólido que evite resultados sesgados o la “criminalización” de la simple comunicación entre internos que no esté vinculada a delitos. En ese sentido, el fiscal de la Nación reiteró que el objetivo central es fortalecer la investigación de delitos de alta complejidad y disminuir la impunidad en casos de extorsión, secuestro y tráfico de influencias.

La implementación del plan dependerá de la aprobación de los procedimientos técnicos y de seguridad, así como de la disponibilidad de recursos para monitoreo, filtrado y resguardo de la información. El Ministerio Público afirmó que trabajará de forma coordinada con la Defensoría del Pueblo y organismos de control para garantizar transparencia y limitar posibles abusos.