Ministerio Público advierte déficit de S/81 millones para 2026
- owenvalencia20
- 3 sept
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La Junta de Fiscales Supremos, encabezada por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, lanzó este jueves un pronunciamiento público ante la gravedad de la crisis presupuestal que afecta al Ministerio Público (MP). En su exposición, la Fiscalía denuncia un déficit de S/81 millones que, de no ser cubierto, podría comprometer la continuidad de investigaciones y operativos clave contra la criminalidad organizada.
Según el pronunciamiento, el MP experimentó un recorte de S/123 millones en el presupuesto para el año 2025 y se enfrenta a una propuesta de reducción de casi S/145 millones para el 2026. Estas cifras, advierten, impactarán directamente en áreas fundamentales para la seguridad ciudadana, entre ellas la lucha contra la criminalidad, las investigaciones especializadas y las acciones dirigidas a prevenir la violencia contra la mujer.
La fiscal Espinoza Valenzuela subrayó que la falta de recursos afectará de manera sistémica a todos los subsistemas fiscales y a las áreas de apoyo a las labores fiscales. En su discurso, enumeró una serie de consecuencias potenciales: la reducción o suspensión de peritajes, limitaciones en desplazamientos para combatir la minería ilegal, y la posibilidad de que se cancelen operativos contra la criminalidad, el lavado de activos y el tráfico ilícito de drogas. También mencionó riesgos para acciones contra la trata de personas, delitos ambientales, el tráfico de animales, fraudes cibernéticos y otros flagelos que impactan directamente en la seguridad y el bienestar de la ciudadanía.
Además, el Ministerio Público ha insistido en la necesidad de recursos para cumplir con la ley de homologación de sueldos para fiscales y trabajadores, una medida que busca dignificar las remuneraciones del personal y atraer talento calificado para el desempeño de sus funciones.
La Fiscalía de la Nación recordó que, a pesar de haber presentado todas las solicitudes formales, no se ha materializado la promesa pública del Poder Ejecutivo de asignar mayores recursos. En su mensaje, la Junta de Fiscales añadió una frase contundente: “la justicia no es un gasto, es una inversión indispensable para fortalecer nuestra democracia”.
La ONG y analistas independientes han pedido además un escrutinio público sobre la distribución de estos recursos y una evaluación de impacto que permita entender qué áreas quedarían desatendidas ante recortes presupuestarios. Mientras tanto, abogados y representantes de asociaciones de víctimas señalan que la continuidad de investigaciones podría verse comprometida, lo que a su vez podría retrasar procesos judiciales y afectaciones en la seguridad de todos los ciudadanos.
En el MP recalcan que la demanda de presupuesto no es un capricho administrativo, sino una demanda de capacidad operativa para garantizar el estado de derecho y la seguridad ciudadana en un contexto de incremento de la criminalidad y de complejas modalidades delictivas. Se espera una respuesta del Ejecutivo y del Congreso en las próximas semanas para definir la asignación final para el 2026.
