Minería ilegal y delincuencia: los grandes fracasos del primer año de Boluarte

A un año de haber asumido la presidencia, Dina Boluarte enfrenta un escenario marcado por promesas incumplidas y una serie de desafíos que parecen mantenerse intactos o agravarse en varias áreas claves del Estado peruano. Aunque el país atraviesa un período de relativa estabilidad macroeconómica, con un crecimiento estimado del 3.1% para 2025 y una recuperación del mercado laboral, el panorama de fondo revela una serie de falencias estructurales que limitan el avance en los compromisos asumidos por el Ejecutivo.

Entre los logros destacados, el gobierno puede presumir avances en la adjudicación de proyectos de infraestructura mediante asociaciones público-privadas (APP), así como en la ejecución de obras por impuestos que movilizaron más de S/ 4,000 millones en los últimos meses. No obstante, estos avances muestran también las limitaciones del actual esquema para cerrar brechas de infraestructura y estimular inversiones privadas por unos US$ 10,000 millones, metas que aún parecen lejanas ante la complejidad de renegociar y actualizar la normativa de las APP.

En el ámbito de las promesas electorales, varios aspectos críticos evidencian un balance pobre. La lucha contra la minería ilegal y la inseguridad ciudadana, por ejemplo, son dos de los temas donde las promesas de la presidenta no han logrado traducirse en acciones concretas. Boluarte aseguró que renovaría la estrategia contra la minería ilegal, pero la realidad muestra una prolongación de la vigencia del régimen de formalización minero y la continuidad de la minería informal, que hoy representa uno de los mayores motores de economía criminal del país. La ausencia de un plan estructurado y las movilizaciones que exigen mayores avances evidencian la poca efectividad de las medidas adoptadas.

Por otro lado, la inseguridad ciudadana continúa en aumento. A pesar de declaraciones y estados de emergencia en varias regiones, los niveles de delincuencia y criminalidad se mantienen en cifras alarmantes, mientras las leyes y acciones adoptadas parecen insuficientes o ineficaces. La aprobación de normativas como la Ley No 32108, criticada por expertos, ha limitado la capacidad de las fuerzas del orden para actuar eficazmente contra las organizaciones criminales, y la coordinación entre instituciones aún presenta serias deficiencias, en especial en zonas donde la criminalidad avanza en silencio.

En materia de reordenamiento y modernización del Estado, las promesas de creación del Ministerio de Infraestructura y la fusión de otros ministerios han quedado en el papel, sin avances concretos. La inversión pública, por su parte, ha mostrado signos contraproducentes: más sobrecostos, retrasos y proyectos detenidos caracterizan el panorama de la gestión en los últimos meses, generando una pérdida de confianza en la capacidad del Gobierno para gestionar eficientemente los recursos.

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El balance de estos doce meses revela una gestión marcada por promesas pendientes, obstáculos políticos y limitaciones propias del contexto electoral, que podría profundizar el incumplimiento de compromisos en los próximos meses. La responsabilidad de dejar un aparato estatal en mejores condiciones recae en una administración cuyo margen de maniobra se ha reducido al mínimo, y que deberá afrontar el reto de restablecer la credibilidad ante una población cansada de promesas no cumplidas.