Mineros suspendidos podrán reactivar operaciones gracias a nueva medida del Gobierno.

El reciente decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano ha generado una serie de interrogantes en torno a la política minera del país. La medida, que busca extender la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), no solo beneficia a los mineros aún inscritos en el sistema, sino que también incluye, por primera vez, a aquellos cuyas inscripciones habían sido suspendidas hace más de un año.

Este anuncio sucede en un contexto en el que no se ha aprobado todavía la Ley de Formalización de la Minería Artesanal y Mediana (Ley MAPE), lo que habría sido un respaldo legal integral para estos procesos. La extensión del plazo, que vencía oficialmente el 30 de junio, fue dispuesta por la Ley N° 32213 del Congreso, pero la novedad radica en la incorporación de mineros suspendidos en su registro.

La inclusión de estos mineros suspendidos abre la posibilidad de que puedan retomar sus operaciones, siempre y cuando continúen con el proceso de formalización. Sin embargo, la decisión ha sido vista con recelo por parte de diversos actores del sector, que la consideran insuficiente y en ocasiones, contraproducente.

El principal gremio de mineros informales, Confemin, manifestó su decepción en redes sociales, señalando que la disposición solo favorece a quienes tienen registros suspendidos desde hace un año, y que este plazo resulta demasiado reducido para concretar un cambio real en la situación de muchos pequeños mineros ilegales que buscan regularizarse. La organización argumenta que la medida no resolverá los problemas estructurales existentes y que la protesta de mineros en campamentos frente al Congreso continúa siendo una muestra de su descontento.

Por su parte, expertos como Carlos Gálvez, expresidente de la SNMPE, expresaron que la medida puede incluso abrir una posibilidad para revertir las cancelaciones de registros en Pataz, afectando a 1,425 mineros que fueron suspendidos en mayo pasado. Gálvez advierte que esto podría ser interpretado como una señal de que el gobierno cede ante las presiones del sector informal y, en algunos casos, ilegal. Por otro lado, Iván Arenas, especialista en temas mineros, sostiene que la ley no puede ser retroactiva, por lo que la medida, en realidad, solo beneficiaría a los mineros suspendidos en el extranjero y a los más de 60 mil que aún mantienen su registro, ofreciéndoles un plazo adicional de seis meses para regularizar su situación.

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Para críticos como Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de Minera Poderosa, esta ampliación favorece a quienes operan ilegalmente y perpetúa la impunidad. Consideran que la solución definitiva sería cerrar este esquema que, desde 2016, ha demostrado ser ineficiente para promover una minería formal y responsable.

En suma, la decisión del Gobierno de ampliar el Reinfo, particularmente en el aspecto de incluir a mineros suspendidos, pone en la mesa un debate profundo sobre la política minera y su impacto social y económico. ¿Será este un paso hacia la legalización de pequeñas minerías o una señal de vulnerabilidad ante las presiones de sectores informales e ilegales? Hasta ahora, las respuestas permanecen abiertas y los efectos de esta medida están por verse.