Mineros ilegales podrían financiar campañas y manipular las elecciones de 2026

El panorama electoral en Perú enfrenta una amenaza cada vez mayor: la posibilidad de que las economías ilegales, en particular los mineros ilegales, influyan de manera decisiva en las próximas elecciones generales y regionales de 2026. Según el reciente estudio Tendencias y alertas 4 – Estimaciones de economías ilegales en el Perú, estos actores ilícitos manejan más de 4,600 millones de dólares anualmente, una cifra que los ha consolidado como la economía ilícita más rentable del país, superando incluso al narcotráfico y al contrabando.

Este volumen de dinero, advierten los expertos, no solo alimenta actividades ilícitas, sino que también les confiere la capacidad de influir en los procesos políticos y electorales. Y el riesgo es tangible: el estudio estima que en las próximas elecciones, esas mafias podrían financiar aproximadamente 2,368 campañas presidenciales, 57,728 candidaturas congresales y más de 51,000 postulaciones en los ámbitos regionales y municipales. Los mineros ilegales, identificados como principales interesados, disponen de los recursos para moldear los resultados electorales a su favor y asegurar que sus intereses económicos y políticos sean representados en los distintos niveles de gobierno.

De acuerdo con el asesor en derecho ambiental, César Ipenza, la influencia de estos actores ya se evidencia en la incidencia que tienen en el actual panorama político: “Hasta tienen una bancada multipartidaria en el Congreso que defiende sus intereses, y esto nos muestra cómo están infiltrados en la política institucional del país”, afirma. La presencia de sus operadores en los espacios de poder, sostiene Ipenza, es el resultado de una estrategia de infiltración que busca garantizar impunidad y protección a sus actividades ilícitas.

Estrategias de infiltración y manipulación electoral

La amenaza, sin embargo, no se limita a la financiación directa de campañas. Los especialistas advierten que las economías ilegales apuntan a infiltrarse en toda la cadena del proceso electoral, desde la afiliación a los partidos políticos, la selección de candidatos y la definición de agendas locales, hasta la influencia en debates públicos y, finalmente, la llegada a los cargos de gobierno. Para ello, emplean diversas técnicas: trasnferencias de dinero “sucio” mediante fundaciones y donaciones, uso de empresas fachada y testaferros, pago a consultoras y asesores, manipulación de encuestas y financiamiento de publicidad en medios de comunicación.

Un ejemplo reciente y preocupante es el caso del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que refleja cómo los mineros ilegales, mediante la influencia en el Congreso, lograron socavar controles y facilitar su expansión. Este patrón de infiltración ha sido aprendido y perfeccionado por las mafias, que han logrado “producir” candidatos afines y colocar operadores dentro del sistema político, asegurándose protección e impunidad mediante una red de complicidades.

Lamentablemente, el Estado peruano aún no ha implementado medidas suficientes para contrarrestar este fenómeno. La falta de fortalecimiento en inteligencia financiera, la escasa fiscalización de los orígenes de los aportes en campañas y la ausencia de estándares éticos claros y verificables para partidos y candidatos hacen que la puerta quede abierta para que estas economías ilegales sigan influyendo en el proceso electoral.

Un escenario de peligros potenciales para la democracia

El próximo ciclo electoral representa un punto de inflexión que podría definir, en gran medida, el destino del país. La infiltración de las economías ilícitas en la política no solo significa un riesgo para la transparencia y la legitimidad de las elecciones, sino que también compromete la soberanía misma del Estado. La posibilidad de que financien campañas y promuevan candidaturas favorables puede traducirse en una pérdida de control del Estado frente a estos grupos criminales, que operan con total impunidad gracias a redes arraigadas en diferentes niveles de gobierno y en los partidos políticos.

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Expertos coinciden en que se requiere una acción coordinada y decidida por parte de las autoridades para blindar el proceso electoral. Fortalecer las instituciones encargadas de fiscalización, incrementar la transparencia en los aportes y promover procesos éticos en la política son pasos fundamentales para reducir la influencia de estas mafias y proteger la democracia del país.

Mientras tanto, la percepción de que los recursos ilícitos puedan decidir en quiénes serán los próximos líderes políticos genera una inquietud profunda en la ciudadanía, que debe estar vigilante y exigir mayores controles y transparencia en todos los niveles del proceso electoral. La amenaza no solo está en el presente, sino en cómo estas economías ilegales podrían consolidar aún más su poder y definir el rumbo del país en los próximos años.