Mineros exigen decreto supremo para el uso de explosivos y sostener su empleo.

En medio de una escalada de presión que se viene gestando desde hace semanas, Confemin y Fenamarpe —representantes de los mineros artesanales— insistieron este fin de semana en la necesidad de un decreto supremo que anule el plazo para regular el uso de explosivos, fijado para el 17 de agosto. El Movimiento, que ya había abandonado la cuarta mesa de trabajo con el Gobierno el 1 de agosto, considera que la mesa de diálogo entró en respiro por falta de una solución normativa clara.

El Ejecutivo ha respondido con una oferta mixta: una resolución ministerial para aclarar que el plazo aún no es exigible hasta que las direcciones regionales del Ministerio de Energía y Minas completen la entrega de documentación, y la posibilidad de emitir un decreto supremo que decrete expresamente la suspensión de ese plazo. Sin embargo, para Confemin y sus aliados, estas medidas no bastan: exigen un decreto supremo que refrende su posición y permita retomar la mesa de diálogo con condiciones claras.

“El Decreto Supremo debe dejar sin efecto el plazo para iniciar los trámites ante Sucamec para la adquisición de explosivos”, declaró Adolfo Valverde, asesor legal de Confemin, en una entrevista concedida antes de la próxima reunión. “No vamos a retornar a la mesa sin ese instrumento normativo”, agregó, enfatizando que la demanda no responde a caprichos sino a la viabilidad operativa de miles de mineros que se ven obligados a hacer cálculos precarios ante la posibilidad de perder su fuente de subsistencia.

El antecedente inmediato amplía la tensión: la salida de Confemin y Fenamarpe de la mesa el 1 de agosto tras no hallar un acuerdo con el premier Eduardo Arana y el ministro de Energía y Minas, Jorge Montero. El Gobierno, por su parte, argumenta que la resolución directorial y las directrices regionales permitirían mantener un marco operativo provisional sin que se vulnere la seguridad y la regulación vigente.

A días de un nuevo encuentro, los mineros anunciaron que la decisión sobre movilizaciones se tomará el martes 12, en medio de un ambiente de incertidumbre y del temor a bloqueos que afecten a comunidades y rutas regionales. La preocupación central sigue siendo la disponibilidad de polvorines y el cumplimiento de las condiciones de almacenamiento, que, según el Observatorio Minero, afectan a un porcentaje significativo de trabajadores informales que se verían excluidos por el nuevo régimen.

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Según datos presentados por la dirigencia de Confemin, más de 50 mil mineros ya fueron excluidos del Registro de Informales, y otros 20 mil podrían verse fuera si no se modifica el decreto vigente. Aunque el Ejecutivo sostiene que la normativa busca resolver irregularidades y formalizar procesos, los mineros sostienen que la regularización llega tarde y que el plazo es inviable sin la intervención de un decreto supremo que garantice un marco claro y sostenible.

El tono de la discusión, que ya había mostrado signos de frustración en julio con bloqueos de carreteras y choques con la Policía, hoy se centra en si el país debe priorizar una vía de formalización acelerada o si, por el contrario, se debe suspender temporalmente el plazo para evitar daños mayores en la subsistencia de miles de trabajadores.

En resumen, el conflicto no es nuevo, pero la demanda de un decreto supremo que anule el plazo para la regulación de explosivos posiciona a Confemin y Fenamarpe en una ruta de confrontación que podría determinar el rumbo de la política minera para los próximos meses. El Gobierno, por su parte, mantiene su postura de no ceder ante presiones y de buscar una solución normativa que no derive en concesiones que afecten criterios de seguridad y control.