Mientras la ley lo prohíbe, Vizcarra actúa como candidato.

En un escenario que desafía las reglas del juego democrático, Martín Vizcarra continúa recorriendo el país, participando en mítines, entregando discursos y promoviendo su candidatura a través del partido Perú Primero, aunque oficialmente está inhabilitado para postular a cualquier cargo público. La situación genera una cuestionante fundamental: ¿es legal que una persona inhabilitada haga campaña electoral, aunque la ley le impida, en definitiva, ser candidato?

Este caso pone en evidencia una aparente contradicción en el sistema legal peruano. Vizcarra enfrenta tres inhabilitaciones impuestas por el Congreso de la República, que le prohíben postular y participar en procesos electorales. Sin embargo, su actividad política continúa de manera activa y visible, en lo que algunos analistas califican como una “burla a la legalidad”.

¿Qué dice la ley? La legislación electoral y constitucional establece claramente que una persona inhabilitada no puede postular ni ejercer cargos públicos. Sin embargo, la campaña que realiza Vizcarra parece estar en un margen gris, dado que él mantiene la libertad de expresarse y promover sus ideas, sin que ello implique necesariamente una candidatura formal. La diferencia crucial radica en que, mientras la ley le prohíbe postular, él continúa actuando como candidato en funciones, lo cual genera inquietudes sobre la integridad del proceso electoral y el riesgo de manipulación.

El acto de hacer campaña siendo inhabilitado también involucra aspectos éticos y de transparencia. Como señala el abogado constitucionalista Erick Urbina, “si Martín Vizcarra hace campaña a su favor, el JNE (Jurado Nacional de Elecciones) debería tomar medidas contra el partido que lo apoya, porque estaría engañando al pueblo peruano, generando una expectativa que no puede cumplir legalmente”. Para Urbina, la situación requiere una respuesta clara del órgano electoral, que podría incluir la inhabilitación del partido político que respalde a Vizcarra en estas acciones.

Por su parte, el abogado especialista en temas electorales José Naupari complementa diciendo que “hasta que no se formalice la inscripción de candidatos, que es el 23 de diciembre según el cronograma del JNE, no se puede hablar aún de candidaturas oficializadas”. Sin embargo, añade que Vizcarra podría revertir sus inhabilitaciones si la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) concediera una medida cautelar a su favor, o si el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro decide desvincularse del precedente vinculatorio del Tribunal Constitucional, permitiéndole participar.

El análisis legal también contempla la posibilidad de que la ley tenga una laguna, o que exista una falta de sanciones específicas para quienes, inhabilitados, continúan en la esfera pública haciendo campaña. “No hay un vacío legal, sino una falta de acción por parte de los órganos encargados de hacer cumplir la ley”, afirma Urbina. En ese sentido, propone que el JNE establezca mecanismos claros y accesibles, como plataformas digitales, donde los ciudadanos puedan consultar en tiempo real si una persona está habilitada o inhabilitada para participar en elecciones.

El Congreso podría también jugar un papel más activo creando una normativa que sancione a candidatos inhabilitados que hagan campaña, pero esta medida debe ser pensada a largo plazo y no con nombres específicos en mente, para evitar polémicas o interpretaciones sesgadas. Mientras tanto, la ciudadanía se encuentra en una suerte de limbo, sin información clara y sin un control efectivo que impida que alguien inhabilitado influya en la percepción pública.

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Desde un punto de vista ético y democrático, la situación es preocupante. La satisfacción de derechos fundamentales como la libertad de expresión no puede devenir en un engaño a la población, advirtieron los expertos. Luis Vargas Valdivia, exprocurador, puntualizó que “la prohibición de postular no le impide ejercer su derecho de expresión”, pero recalcó que esta situación requiere de una campaña de información para alertar a la ciudadanía sobre la verdadera condición de Vizcarra.

Finalmente, el caso seguirá en el centro del debate hasta que se resuelva si la campaña de Vizcarra viola las reglas electorales o si, por alguna vía legal, podría revertir su inhabilitación antes de la inscripción definitiva de candidaturas. Lo que está claro es que la realidad electoral peruana se encuentra en una fase delicada, donde la ley y la política parecen navegar en aguas distintas, y donde la transparencia y la ética deben prevalecer para fortalecer la legitimidad democrática