Mesa de diálogo entre el Gobierno y mineros arranca este lunes.

El próximo lunes 14 de julio marca un paso importante en la resolución del conflicto social en torno a la minería en el país, con el inicio de una mesa de diálogo entre el Poder Ejecutivo y los representantes del sector minero, anunciada por el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez. Este proceso, que cuenta también con la participación de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), busca sentar las bases para una agenda conjunta que atienda las demandas del gremio, en particular en relación con la ampliación del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la controversia generada por la reciente rechazo a la nueva Ley de Mape.

Gutiérrez destacó que esta iniciativa responde a la necesidad de dejar atrás los enfrentamientos y dialogar con responsabilidad y prudencia. En declaraciones brindadas en una entrevista en Radio Nacional, sostuvo que “no podemos tener un clima beligerante, ya que eso está afectando al país”, en referencia a los bloqueos de vías y los enfrentamientos en diferentes regiones, que han derivado en pérdida de vidas humanas y daños económicos.

El defensor del pueblo también resaltó la decisión de los gremios mineros de ampliar la tregua de 24 horas, permitiendo la liberación de carreteras durante el fin de semana. Este gesto, indicó Gutiérrez, “es una muestra de voluntad para iniciar una conversación en un ambiente de mayor tranquilidad”, subrayando que la apertura al diálogo es fundamental en un contexto donde las tensiones han escalado.

En ese mismo marco, Gutiérrez expresó su pesar por la pérdida de una vida en Chala, Arequipa, durante las recientes protestas. “Lamentamos profundamente el fallecimiento de un manifestante y reiteramos que los derechos fundamentales deben ser respetados en todo momento”, afirmó. Además, hizo un llamado a los actores involucrados para que la Constitución sea el marco que guíe toda movilización social.

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El proceso de diálogo llega en un momento clave, en medio de una situación compleja que involucra conflictos sociales, económicos y ambientales. La Defensoría del Pueblo ha desempeñado un papel mediador crucial en estos días, facilitando el acercamiento entre las partes y promoviendo un espacio de discusión institucional que permita buscar soluciones duraderas al problema minero. La apuesta ahora es por un camino de consenso, en el que prevalezcan el respeto y el compromiso de todas las partes para evitar que la violencia y la confrontación sigan cobrando vidas y afectando a miles de familias.

Este inicio del proceso, sin duda, representa una oportunidad para transformar las tensiones en acciones concretas, y para que el Estado y el sector minero encuentren un terreno común que garantice el desarrollo sostenible del país sin sacrificar la paz social ni los derechos de los ciudadanos.