López Aliaga respalda el retorno de Santiváñez al Gabinete, pese a que fue censurado por el Congreso.

Rafael López Aliaga respaldó este sábado el retorno de Juan José Santiváñez al Gabinete, ahora como ministro de Justicia y Derechos Humanos, una designación que llega en medio de un marco político tenso y rodeado de cuestionamientos sobre la trayectoria del funcionario. El alcalde de Lima valoró la llegada de Santiváñez como una señal “positiva” para el sector justicia, destacando su experiencia previa en el ámbito de seguridad y su cercanía con la administración, aunque reconoció que existen sombras importantes por las investigaciones que enfrenta el exministro y por el proceso de su salida del Ejecutivo, tras haber sido censurado meses atrás.

“Mi sorpresa es que hoy no hay mayores cambios. Hay uno que sí nos puede ayudar, que es el ministro Santiváñez. Él nos ayudó bastante cuando fue ministro del Interior”, afirmó López Aliaga durante un encuentro con colegas y adherentes en la ciudad capital.

Cabe recordar que semanas antes de su censura en el Congreso, Santiváñez recibió críticas por su gestión al frente del Ministerio del Interior, en medio de señalamientos y afirmaciones sobre deficiencias administrativas y manejos de ciertas políticas de seguridad. En aquella época, López Aliaga había manifestado reservas respecto a su desempeño, citando un supuesto punto de inflexión ligado a controversias que involucraban a “Armonía 10” y otras situaciones que, según el líder de Renovación Popular, ponían en tela de juicio la continuidad deSantiváñez en puestos clave.

La designación de Santiváñez, que lo aparta del cargo de asesor en Palacio de Gobierno para reincorporarlo al Ejecutivo, se oficializó el sábado 23 de agosto por la presidenta Dina Boluarte. En el acto, se indicó que asumía la titularidad del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en reemplazo de Enrique Alcántara. A pocos días de su retorno, la noticia ya genera debates sobre la dirección que tomará la cartera, así como sobre las implicaciones políticas y judiciales que podrían derivarse de su gestión.

Paralelamente, la definición de Santiváñez llega en un contexto en el que persisten investigaciones fiscales que lo rodean, incluido un impedimento de salida del país por 18 meses. Esa situación genera cuestionamientos sobre la legitimidad y la consistencia de su regreso al gobierno. Sus defensores sostienen que su experiencia y visión podrían contribuir a “fortalecer la institucionalidad” y a promover reformas necesarias dentro del sistema judicial, mientras que sus críticos advierten sobre intereses políticos y la posibilidad de que la alianza entre el Ejecutivo y ciertas líneas del poder judicial pueda tensar la independencia de la Fiscalía y de la Corte.

En la declaración de Fiestas Patrias, Boluarte dejó entrever la intención de impulsar una reforma del sistema de justicia con el objetivo de dotarlo de mayor legitimidad y reforzar el perfil democrático del Gobierno. En ese marco, el Ministerio de Justicia podría fungir como la plataforma para articular ese plan en el Parlamento, particularmente en una era en la que el Ejecutivo busca demostrar que tiene capacidad para enfrentar la inseguridad y optimizar la coordinación entre poderes.

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Santiváñez ha sido un crítico constante de la labor de magistradas como Delia Espinoza y Janet Tello, lo que ha promovido una narrativa de alineación entre su figura y las líneas de gobierno que buscan distanciarse de ciertas decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH). Su llegada, por tanto, no solo implica un cambio ministerial, sino también una lectura más amplia sobre la relación entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y las instancias regionales de derechos humanos. En ese contexto, algunos analistas ven una apuesta de Boluarte por consolidar una agenda de reformas que, según sus impulsores, podría dotar al sistema de una mayor legitimidad ante la opinión pública y ante actores internacionales.

La asunción de Santiváñez al ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha generado un marco de conversación política intenso: entre la valoración de su experiencia y la crítica por las investigaciones y las controversias pasadas, se abre un periodo de interpretación sobre la dirección que tomará la política judicial peruana en los próximos meses, así como el grado de independencia de las instituciones ante el escrutinio público y la presión institucional.