López Aliaga propone endurecer la ley contra gerentes de telefonía.

En un ambicioso intento por combatir el creciente problema de la delincuencia y la extorsión, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha propuesto una drástica medida: imponer penas de cárcel de hasta 20 años para los gerentes o directores de empresas de telefonía que no cumplan con la normativa que exige el bloqueo de teléfonos robados. Durante una reciente declaración, el burgomaestre afirmó que esta severidad en las sanciones “hará que funcionen” las políticas de prevención, sugiriendo que los responsables administrativos finalmente atenderían esta problemática si enfrentaran consecuencias tan serias.

López Aliaga subrayó la insatisfacción con el registro de datos en la contratación de líneas móviles, citando ejemplos de nombres ficticios como “mujer maravilla” o “té de manzanilla” que, según él, revelan las deficiencias en la verificación de identidades. Este contexto ha llevado al alcalde a instar a la implementación de una ley que penalice a aquellos que no mantengan protocolos adecuados para bloquear equipos que han sido robados.

El Ministerio del Interior (Mininter) ha comenzado recientemente un proceso de depuración masiva de líneas telefónicas, cancelando aproximadamente 300,000 líneas y bloqueando progresivamente 1.5 millones de celulares que han sido registrados bajo identidades fantasma. Esta acción busca atacar directamente el uso ilícito de disposiciones móviles en delitos, tales como la extorsión, que han azotado la seguridad ciudadana.

Asimismo, el alcalde no dejó pasar la oportunidad de criticar al gobierno de Dina Boluarte, enfatizando que la falta de recursos destinados a la seguridad es alarmante. “No es normal que el Ministerio del Interior, con un presupuesto mucho mayor, no invierta un solo centavo en seguridad ciudadana", expresó López Aliaga, quien afirmó que los alcaldes se ven obligados a asumir costos que, según él, deberían ser responsabilidad del gobierno central.

Publicidad

Frente a esta situación, López Aliaga también solicitó una reforma integral del sistema de justicia, argumentando que la ineficacia judicial contribuye a que los delincuentes sean liberados rápidamente, lo que socava los esfuerzos de las fuerzas del orden. “El sistema judicial no funciona porque los delincuentes quedan libres rápidamente, y eso afecta la labor de los policías. El Poder Judicial y la Fiscalía necesitan una reforma de cero”, concluyó el alcalde, advirtiendo sobre la gravedad de la problemática actual.